Un juez en Querétaro negó frenar el acuerdo presidencial por el que las megaobras de la 4-T son declaradas como de “seguridad nacional”
Un juez del estado de Querétaro rechazó otorgar una solicitud de amparo que pretendía suspender los efectos del acuerdo con el que se cataloga como asuntos de seguridad nacional a las principales obras de infraestructura del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del vigésimo segundo distrito, correspondiente a Querétaro, determinó el jueves de esta semana negar la suspensión provisional contra este decreto, pero la resolución se publicó el viernes en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El CJF tiene registro de que la solicitud de amparo contra el decreto del presidente se había interpuesto desde el 29 de noviembre en el juzgado antes mencionado, pero el juez solicitó al promovente especificar la razón de su queja.
“La expedición del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. El acuerdo omitiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. El acuerdo con relación al tratamiento que se le debe dar a la información de proyectos y obras de infraestructura a que hace referencia”, indica el expediente con el folio 1271/2021.
Esta solicitud se suma a la lista de acciones que buscan frenar el decreto del presidente López Obrador para declarar como de seguridad nacional las principales obras de su gobierno, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra este acuerdo.
Francisco Javier Acuña Llamas, uno de los comisionados del Inai, consideró que existe el “riesgo inminente y evidencias” de que la interpretación que se hace con el decreto de seguridad nacional sea en menoscabo del derecho de acceso a la información pública.
Cuatro días después de la publicación, el presidente López Obrador publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF); legisladores de oposición y organismos a favor de la información pública expresaron sus quejas porque argumentan que este acuerdo va en contra de la transparencia.
El pasado 7 de diciembre, 53 senadores de oposición emplazaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo promovido por el presidente.
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Sin embargo, Sánchez Cordero dijo que presentar una controversia “carece de interés legítimo” y que la promoción sería, por lo tanto, improcedente.
También mencionó que según su opinión, considera “inexistente el principio de agravio respecto del Senado”.
Además, los senadores de oposición entregaron el 26 de noviembre a Sánchez Cordero un documento, en el cual manifiestan su preocupación, porque desde el Ejecutivo federal se pretende establecer “un régimen de excepción”, porque se recurre a los conceptos de interés público y de seguridad nacional para afectar la rendición de cuentas, favorecer la opacidad, la poca claridad en la contratación pública y el ejercicio de los recursos.
En noviembre pasado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
Este acuerdo fue rápidamente tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si el acuerdo “vulnera el derecho de acceso a la información”.
El presidente López Obrador afirmó que dicha acción sirve simplemente para “agilizar trámites” y no para evitar la rendición de cuentas.
“Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras”, dijo el mandatario mexicano durante un de sus conferencias matutinas.
El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- son algunas de las principales obras del Gobierno de López Obrador.
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