La investigación comenzó por la introducción de más de 2 mil armas de fuego al país de forma deliberada por parte de las autoridades de EU
La Fiscalía General de la República reportó que obtuvo órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de tráfico de armas en la llamada operación “Rápido y furioso”.
Un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra igual número de personas por su presunta responsabilidad por el ingreso de armas de Estados Unidos a México, a través del denominado operativo Rápido y Furioso, las cuales llegaron a manos del cártel de Sinaloa que dirigía el capo Joaquín El Chapo Guzmán.
Funcionarios del gobierno federal revelaron que las órdenes de captura fueron giradas contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ex secretario de Seguridad Pública y del ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, respectivamente, así como contra el narcotraficante.
El resto de los involucrados, indicaron las fuentes, forman parte de la Policía Federal y están prófugos de la justicia.
La investigación comenzó por la introducción de más de 2 mil armas de fuego al país de forma deliberada por parte de las autoridades estadunidenses, armamento que llegó a las manos del cártel de Sinaloa.
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Las únicas capturas que se habían realizado, de manera indirecta, fue la Heraclio Osorio Arellanes identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, quien perdió la vida el 14 de diciembre de 2010 en la zona de Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.
Las otras detenciones son la de número tres de Los Zetas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, y de otros integrantes de su organización criminal, a quienes se extraditó por estar relacionados con la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata, y del intento de homicidio de su compañero Víctor Ávila, incidente ocurrido en San Luis Potosí, en febrero de 2011.
Los norteamericanos confirmaron que algunas armas usadas contra Zapata y Ávila son las mismas que se perdieron en el operativo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), agencia que autorizó el ingreso del armamento a México.
La Fiscalía explicó que, de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, señaló la FGR.
En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
“En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín ‘G’ quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas”, dijeron sobre Guzmán Loera.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro “G”, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Calderón (2006-2012); así como de Luis “C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
“Por lo que toca a Genaro ‘G’, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo”, agregó la FGR.
La FGR calificó esta operación como “absolutamente ilegal e inadmisible”. Las armas fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, dijo la FGR.
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