El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, realizó un proyecto en el que propone validar la regulación de servicios de transporte como Uber, por esta razón, la SCJN prevé declarar inconstitucional que se exijan mayores requisitos de operación a quienes presten servicios de transporte a través de plataformas como la antes citada.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por una minoría parlamentaria del Congreso de Yucatán, por lo que sería la primera vez que los ministros fijarán una postura sobre el tema que podría servir para otras regulaciones locales de plataformas como Uber, Cabify o Easy Taxi.
Enrique González, director jurídico para América Latina de Uber, dijo que luego de que el Congreso de Yucatán aprobara una serie de reformas a la ley de transporte del estado, e incluyera el modelo de ERT’S (Empresas Redes de Transporte) y su regulación se viera perjudicada, este proyecto puede ser el primer gran precedente de la economía colaborativa del país, que tantos beneficios ha probado que puede traer.
El ministro Pérez Dayán propone invalidar la fracción IX del artículo 40 que establece que para obtener el certificado vehicular para prestar este servicio, el valor de los vehículos que operen exceda de 200 mil pesos, que tengan una antigüedad máxima de siete años y no más de siete plazas.
Coincidió con los diputados locales en que estas exigencias son mayores a las de los taxis tradicionales. También propone invalidar el requisito de que quien solicite el certi�cado debe ser propietario del vehículo. Lo consideró violatorio de la libertad de trabajo debido a que esto no se exige a quienes operan de modo tradicional.
Por su parte, Enrique González dijo que Uber tiene un equipo muy importante de ingenieros mejorando de manera continua lo que es la seguridad para los usuarios y los conductores, y añadió que contemplar el futuro de la economía colaborativa en el país puede traer grandes beneficios en materia financiera.
