Las autoridades identificaron diversos usuarios que denunciaban a perfiles específicos de una red social, quienes se dedicaban al reclutamiento de personal ejecutivo
Un juez de Control les impuso la prisión preventiva a 3 de los 26 sujetos, entre ellos personas de origen chino, que fueron detenidos durante los cateos a call centers donde se hacían cobros ilegítimos o extorsiones a través de aplicaciones de préstamos.
En la audiencia inicial que se reanudó este domingo tras un receso de casi 24 horas debido a que los imputados no contaban con una defensa, el impartidor de justicia calificó de legal la detención de los acusados, quienes fueron arrestados durante operativos simultáneos que realizaron las autoridades el 17 de agosto pasado.
El impartidor de justicia dictó dicha medida cautelar a Shangjiang “N”, Jiancheng “N” y Xiaolu “N”, por lo que permanecerán en el reclusorio Sur. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les imputó los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión de arma de fuego y cohecho.
Mientras tanto, el Ministerio Público les imputó los delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y cohecho.
Por su parte, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo miércoles que el juez defina su situación jurídica.
Sin embargo, como medida cautelar, el juzgador les dictó a los acusados la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán en el Reclusorio Sur.
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Esto a diferencia de los otros 23 detenidos, quienes recuperaron su libertad el sábado pasado, luego de que un juez de Control los vinculara a proceso, pero determinara imponerles distintas medidas cautelares.
El juzgador les ordenó un pago de cuatro mil pesos, mismo que deberán hacer válido el próximo 26 de agosto.
Además, a los procesados de origen chino, les ordenó no salir del país y dos de las mujeres deberán acudir a firmar cada semana.
Como medidas cautelares, tres de ellos tendrán que acudir a firmar cada semana, mientras que los 20 restantes lo harán dos veces al mes. Además, deberán pagar una garantía de cuatro mil pesos, antes del viernes 26 de agosto.
El juez dictó que los procesados no podrán acercarse a las víctimas ni al call center donde fueron detenidos, y se les retuvo su pasaporte, para evitar que salgan del país. Fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El miércoles pasado, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, detalló que el modus operandi de este grupo delictivo consiste en la oferta de préstamos a los usuarios de aplicaciones, a quienes después amenazaban para exigirles intereses impagables.
Explicó que, en los primeros días de julio, la Unidad de Inteligencia Cibernética de la fiscalía capitalina inició una investigación en redes sociales para identificar las aplicaciones de cobranza ilegítima, así como domicilios vinculados a call centers en los que se llevaba a cabo dicha actividad.
Con lo anterior, dijo, se identificaron diversos usuarios que denunciaban a perfiles específicos de una red social, quienes se dedicaban al reclutamiento de personal ejecutivo para realizar los cobros de los préstamos vía telefónica.
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CAB
