La noche de este martes, padres y madres de las niñas y niños de la Guardería ABC, instalaron un Antimonumento frente a la SCJN
Los padres de las víctimas mortales del incendio de la Guardería ABC instalaron un antimonumento frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir justicia por las muertes de sus hijos.
Durante la madrugada de este miércoles, los familiares colocaron 49 cruces blancas con los nombres de los infantes víctimas del incendio frente a la puerta principal del edificio del máximo tribunal.
Dalilah, madre de Iann Gonzalo Valdez Meneses, quien resultó lesionado por el siniestro, denunció a través de redes sociales que la SCJN tiene trabajo “pendiente por las violaciones graves de los derechos humanos” contra sus hijos y exigió justicia.
Los manifestantes informaron que no iban a quedarse en plantón en el sitio donde instalaron el antimonumento y que este miércoles tienen una cita en la Suprema Corte a las 11 horas.
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El 5 junio de 2009, 49 niños murieron y más de 80 resultaron heridos y con secuelas por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo que se propagó desde una bodega contigua.
La estancia infantil era privada, pero funcionaba con el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Estaba a cargo de una sociedad constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente Calderón, además de Gildardo Francisco Urquides y Sandra Luca Téllez Nieves.
Después de un investigación se determinó que la guardería, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, por lo que los niños no pudieron salir del inmueble.
Hasta la fecha, el caso continúa impune a pesar de que la SCJN enjuició a 22 personas, de las cuales, exoneró a 12 y a 10 les ratificó responsabilidad penal por homicidio y lesiones culposas.
En octubre de 2014, un grupo de padres y madres, acompañados por el Centro Prodh, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Actualmente el caso se encuentra en la etapa de Admisibilidad y plantea violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías y protección judiciales y a la protección de la niñez.
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