El 3 de mayo de 2021 cuando ocurrió el desplome del tramo elevado de la Línea 12. Dos días después, la Jefa de Gobierno anunció que la empresa noruega trabajaría en el análisis
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que signó un convenio de terminación de contrato con la empresa DNV, encargada del peritaje internacional sobre el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, ocurrido en mayo de 2021.
En dicho convenio, se acuerda que el reporte Fase III no será pagado por el Gobierno capitalino, luego de que éste acusó que carecía del rigor al que se comprometió la empresa cuando se signó el contrato original (por un total de 26 millones 232 mil 240 pesos en tres pagos) para realizar los peritajes.
La SGIRPC difundió ayer el convenio de terminación del contrato, en el cual detalló que el costo del contrato, que consideraba tres reportes, incluido el causa-raíz, tendría un costo de más de 26.2 millones de pesos.
La dependencia pagó en junio de 2021 unos 9.4 millones de pesos por el Dictamen Preliminar Fase I, y en septiembre de 2021, 5.8 millones de pesos por el Dictamen Final Fase II.
El 28 de febrero de 2022, la SGIRPC recibió el Reporte Único de Resultados del Análisis Causa-Raíz, Fase III, el cual tuvo observaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales fueron atendidas por la empresa, pero la dependencia consideró que no estaban solventadas.
El 11 de mayo de 2022 el reporte causa-raíz se hizo público, pero el Gobierno de la Ciudad de México hizo observaciones y rechazó sus resultados.
Haciendo especial referencia a la metodología aplicada en la elaboración del documento en mención”, indica el convenio.
Para solucionar la controversia, la SGIRPC y DNV firmaron el convenio en cuestión.
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En el convenio signado por la SGIRPC destaca que las dos primeras fases del contrato con DNV fueron efectivamente pagadas, la primera por 9 millones 476 mil 37 pesos, y la segunda por 5 millones 49 mil 743 pesos.
Sin embargo, la Fase III, con la que se alcanzaría la cifra global de 26 millones 232 mil 240 pesos, no será pagada por el Gobierno capitalino, tras los desacuerdos con la empresa DNV
Aunque los tres reportes entregados por DNV seguirán siendo públicos y de libre consulta en la página de internet de transparencia de la Línea 12, la dependencia y la empresa se comprometieron a mantener la confidencialidad de toda la información relacionada al desarrollo del contrato.
Las partes acuerdan que mantendrán en estricta confidencialidad toda aquella información relacionada con el desarrollo objeto del ‘El Contrato’, por tanto, se comprometen a resguardar la información que se derive de su cumplimiento, obligándose a tomar las medidas que sean necesarias para preservar dicha confidencialidad y mantener el acceso restringido de esa información, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, indica la cláusula sexta del convenio, difundido por la SGIRPC.
El contrato para la investigación de las causas del colapso de la Línea 12, que provocó la muerte de 26 personas y lesiones en 108, tuvo siete convenios modificatorios, principalmente para reprogramar las fechas de entrega.
El pasado 11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) cometió errores en sus informes previos al tercer y último reporte sobre las causas del desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021.
Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el 15 de febrero del 2022 envió a la empresa un oficio en el cual se le hicieron una serie de comentarios y observaciones sobre el borrador preliminar del reporte único de resultado de análisis causa-raíz Fase 3 por considerar que el trabajo aún no cumplía con lo establecido en el contrato y no permitía identificar con claridad la causa-raíz del colapso.
Sin embargo, la empresa entregó el reporte el 28 de febrero del 2022, el cual no cumplió con la especificaciones solicitadas en el contrato celebrado, lo cual contrastaba con los documentos del dictamen técnico Fase 1 y Fase 2 que “sí contaron con los elementos suficientes y la calidad requerida”.
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CAB
