
Lo que parecía una revisión de rutina reveló un plagio en curso en la colonia San Rafael; la víctima pidió ayuda desde el interior del vehículo.
Un operativo del programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México terminó en el hallazgo de un secuestro. El hecho ocurrió en el cruce de Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
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Policías capitalinos marcaron el alto a un automóvil negro para aplicar la prueba de alcoholemia, cuando inesperadamente el copiloto abrió la puerta y huyó corriendo. Los uniformados emprendieron una persecución y lograron detenerlo calles más adelante.
Mientras tanto, en el vehículo permanecían el conductor y un hombre en la parte trasera. Este último pidió auxilio de inmediato y relató que había sido privado de la libertad momentos antes al salir de su trabajo. Según su testimonio, los dos sujetos lo interceptaron, lo golpearon y lo obligaron a abordar el auto bajo amenazas.
Detenidos y víctima resguardada
El conductor, de 48 años, y el joven de 19 que intentó escapar, fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros. La víctima recibió atención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes diagnosticaron una contusión facial que no requirió hospitalización.
En la agencia ministerial, una mujer de 30 años se presentó para denunciar que había recibido una llamada de extorsión. Le advirtieron que su primo estaba retenido y, bajo amenaza de muerte, realizó un depósito bancario a la cuenta que le proporcionaron los presuntos plagiarios.
Investigación y marco legal
El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía Antisecuestros, que integra la carpeta correspondiente. De acuerdo con el Código Penal Federal y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, este delito puede castigarse con penas de entre 20 y 50 años de prisión, incrementándose si existen agravantes como violencia, lesiones graves o amenazas de muerte.
La ley también contempla la obligación de reparar el daño causado a la víctima, con montos que serán determinados por la autoridad judicial.
Con información de Excelsior