En caso de robo, daño o destrucción de alguna unidad, sería el Gobierno del Estado el que debía cubrir el costo total
La administración de Silvano Aureoles al frente del gobierno de Michoacán habría rentado siete aeronaves por mil 200 millones de pesos con un contrato que presenta irregularidades, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
El gobierno de Aureoles (2015-2021) gastó más de mil 227 millones de pesos para renta de siete aeronaves, señaló la administración estatal actual liderada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa este jueves, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que es un compromiso del gobernador Ramírez Bedolla transparentar el uso de los recursos de las y los michoacanos, “ya que ahora se tiene un gobierno austero, honesto y a ras de tierra”, asegura, de acuerdo con un comunicado.
“El exceso y gastos frívolos fueron el sello de la administración anterior, toda vez que fue descubierto un contrato, que se mantenía oculto, para la renta de aeronaves por un monto de mil 227 millones 865 mil 800 pesos”, puntualiza el documento difundido por el gobierno estatal
El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, dio a conocer que en 2015 el gobierno de Silvano Aureoles, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, contrató por adjudicación directa, a la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V. para la renta de seis helicópteros y un avión sigiloso, supuestamente para usarse en misiones de logística, vigilancia aérea, búsqueda y rescate, así como transportación de funcionarios.
De acuerdo con el funcionario, se trató de cinco helicópteros Airbus A125, un helicóptero Augusta Koala, y un avión sigiloso Stemme.. “El monto del contrato era por 1,227 millones, 865 mil 800 pesos, a pagarse en un periodo de 69 meses, de enero de 2016 a agosto de 2021”, informó.
Señaló que el contrato fue firmado por el general Antonio Bernal Bustamente, en calidad de secretario de Seguridad Pública de Michoacán, y también como responsable del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; por parte de la empresa, firmó el señor Ismael Flores Ramos como administrador único de la misma.
Sin embargo, explicó el secretario, las fechas de firma y la misma empresa presentan irregularidades difíciles de explicar.
“Por ejemplo, según los datos aportados por la empresa para la elaboración del contrato, la empresa fue registrada ante la Notaría Pública 150 del Estado de México el 3 de diciembre del 2015. Esto significa que la empresa se constituyó apenas 14 días antes de la firma del contrato, que se realizó el 17 de diciembre del 2015. Mismos 14 días que el gobierno se tomó para realizar la adjudicación directa”, agrega el comunicado
Dentro de las cláusulas del contrato, explicó el funcionario, se estableció que la empresa tuvo que depositar una fianza al Gobierno de Michoacán, a través la Secretaría de Finanzas, correspondiente al 10 por ciento del total del contrato, a fin de garantizar la cobertura de los servicios que estaba ofreciendo, es decir casi 128 millones de pesos.
“Las siete aeronaves rentadas sólo podían tener 50 horas efectivas de vuelo al mes, lo cual obligaba al gobierno a pagar las horas extras de vuelo. Además, la empresa se comprometía a que, tanto los seis helicópteros como el avión sigiloso, serían unidades nuevas, o con un máximo de 250 horas de vuelo en su historial”, manifestó
Aunado a los anterior, el Gobierno de Michoacán se comprometía a cubrir el costo total de la aeronave en caso de pérdida, robo, confiscación, expropiación, daño o destrucción total.
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Finalmente, el secretario Carlos Torres afirmó que este gasto “estratosférico” costaba 218 millones, 892 mil pesos al año; es decir, 18 millones, 241 mil pesos al mes, o casi 610 mil pesos al día.
“En retrospectiva, el gobierno anterior destinaba casi el doble de recurso anual para la renta de helicópteros, que los recursos otorgados a municipios pequeños o medianos de Michoacán. Por eso afirmamos que un régimen como ese, de privilegios y secretismos, no puede repetirse en nuestro estado”, afirmó.
Torres Piña afirmó al pueblo michoacano que “le queremos decir que nosotros no repetiremos ni permitiremos ese tipo de gastos millonarios e injustificables. No somos como ellos, no venimos a derrochar ni a obtener lujos y privilegios”
Ortega Reyes acusó que la manera en la que se utilizaban las aeronaves durante la administración de Silvano Aureoles era “insostenible e injustificable”.
Acusó que algunos funcionarios utilizaban los vehículos “incluso para asuntos personales”, lo que generaba un alto gasto a la Administración estatal.
Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del estado, expuso que cuando concluyan los procedimientos de entrega-recepción de la Administración estatal se deslindarán responsabilidades y se presentarán las denuncias correspondientes.
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