Emilia cumplía con todos los requisitos para poder acceder a la eutanasia pero el sistema de salud y el de justicia no la apoyaron
“Emilia”, una adulta mayor de 83 años residente de Zaragoza, España, se quitó la vida quien al ser ignorada en cuanto a su solicitud de eutanasia.
Lanzándose desde el tercer piso donde residía, Emilia puso fin al dolor que experimentaba debido a una luxación de cadera, un padecimiento congénito que empeoró con los años y para el que no había cura.
A pesar de vivir en un tercer piso sin ascensor y tener las extremidades inferiores inmovilizadas, al principio Emilia conseguía bajar a la calle ayudada de un andador.
Después, subía a casa gateando, según detalla el Diario de Aragón. Ya desde 2019, su vida se limitó a ir de la cama al sofá, y viceversa, en su casa en Zaragoza, en el noreste de España. Su mente, sin embargo, permanecía lúcida.
Cuando la Ley de la Eutanasia se volvió realidad en España, tanto la anciana como su hija trataron de hacer lo posible para acceder a este servició, incluso obtuvieron apoyo de la asociación “Derecho a Morir Dignamente” (DMD), pero su solicitud no fue tomada en cuenta.
“Lo que ha fallado en este caso ha sido la propia puerta de entrada a la posibilidad de lograr la eutanasia. La solicitud no pasó formalmente al registro, ni cuando se presentó la primera ni cuando, quince días después, se produjo la preceptiva ratificación”, explicó José Antonio Rovira, miembro de DMD en entrevista con Antena3
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que Emilia era socia, denuncia que tanto la médica de familia de la anciana como otros responsables del centro de salud “obviaron los procedimientos exigibles” y ni siquiera llegaron a tramitar su solicitud. “Cumplía en lo fundamental las condiciones que señala la LORE para quienes desean morir dignamente y poner fin a sus padecimientos”, subraya en un comunicado del que se hace eco la prensa local.
“Vemos que será preciso seguir luchando para lograr que se lleve a efecto lo aprobado en el Parlamento español por abrumadora mayoría”, lamentó
Desde la asociación exigen que las comunidades autónomas, que tienen las competencias sanitarias, establezcan procedimientos y creen organismos para que la ley se cumpla. “Nos preocupa que algunas intenten boicotearla”, advierten.
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En referencia a Emilia, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, dijo este martes a la prensa que hubo un retraso en el inicio de los trámites, porque el médico de cabecera de la anciana se declaró objetor y no fue sustituido.
Repollés aseguró que se han establecido “una serie de mecanismos para controlar esta situación” y que, en el caso concreto de Emilia, “se han depurado responsabilidades” a quienes no supieron “ejecutar los procedimientos en tiempo y forma”.
“Hemos establecido ya una serie de mecanismos para controlar este tipo de situaciones. Mejoraremos los procedimientos para que no vuelva a suceder”, añadió.
La nueva legislación establece que podrá ejercer el derecho a la eutanasia cualquier persona mayor de edad residente en España que sufra “una enfermedad grave e incurable” o “crónica e invalidante” que provoque un sufrimiento “constante e intolerable”. Además, deberá disponer de toda la información sobre alternativas, como los cuidados paliativos.
Una de las últimas personas a las que se le aplicó la eutanasia en este país fue a Javier, un hombre con esclerosis lateral amiotrófica, y cuyo caso se convirtió el primero de la Comunidad de Madrid. Tras cuatro largos meses de espera, las autoridades locales autorizaron su petición.
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CAB
