Amnistía Internacional detalló que se mantienen a los solicitantes de asilo detenidos durante meses en celdas concebidas para estancias de 48 horas
Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación ante “la inquietante situación” en la frontera sur de México, tanto por el despliegue “de mano dura” de 6 mil elementos de la Guardia Nacional (GN), como por los riesgos de que se presente una detención masiva de personas solicitantes de asilo. Acciones que, subrayó, violan el derecho nacional e internacional.
AI consideró que el despliegue de 6 mil elementos de la GN a la frontera sur, anunciado viernes por el gobierno federal, es una “táctica de mano dura que se suma a una serie de respuestas cada vez más duras a las miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México en las últimas semanas”.
Además, detalló que se mantienen a los solicitantes de asilo detenidos durante meses en celdas concebidas para estancias de 48 horas y también se hacen deportaciones aceleradas sin permitir que los migrantes accedan a asistencia letrada o conozcan adecuadamente sus derechos.
El organismo emitió una acción urgente dirigida a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en la que llamó la atención sobre esas medidas que “ponen en grave peligro” a familias migrantes, en especial a los menores de edad, y no impedirán que las personas que así lo decidan huyan de sus países.
Pide una respuesta humanitaria
Después, AI instó al gobierno de mexicano a impedir las detenciones arbitrarias de migrantes y solicitantes de asilo, a garantizar que no se detenga en ningún caso a niños o niñas, y a sustituir el despliegue de la GN “por una respuesta humanitaria que evalúe individualmente las necesidades de las personas que entran en México”.
Agregó que la detención masiva de migrantes y solicitantes de asilo sin una evaluación previa individualizada, viola el derecho internacional. “Estas detenciones y expulsiones aceleradas socavan el derecho de las personas que huyen de su país a buscar protección internacional, y también su derecho al debido proceso. Asimismo, la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro viola el derecho internacional”.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se calcula que entre 400 mil y 500 mil personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas.
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