Dentro de la legislación, se incorporó el término ‘violencia ácida’ y se realizaron modificaciones al código penal local, estableciendo penas de 8 a 12 años de prisión para aquellos responsables de ataques con sustancias químicas.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la denominada “Ley Malena”, la cual implica modificaciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En dicha ley se incorpora el concepto de “violencia ácida” y se reforma el código penal local, estipulando penas de 8 a 12 años de prisión para quienes lleven a cabo ataques con sustancias químicas.
La Ley Malena toma su nombre en honor a la saxofonista María Elena Ríos, quien se convirtió en una destacada activista contra la violencia con ácido después de ser víctima de un ataque en 2019.
La diputada local de Morena, Ana Francis López Bayghen, al presentar la iniciativa, destacó la gravedad del problema que esta legislación busca abordar. Aunque no existen datos oficiales sobre la magnitud de la violencia ácida, la Fundación Carmen Sánchez, que brinda apoyo a las afectadas por este tipo de agresiones, ha registrado 28 víctimas en las últimas dos décadas. En el 85 por ciento de los casos, el autor intelectual fue un hombre, y de este total, cinco de los agresores eran parejas sentimentales de la víctima, mientras que 11 eran exparejas.
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El dictamen fue elaborado a partir de la información recopilada durante el “Foro Ley Malena: No Más Violencia Ácida”. En este evento participaron diversas instituciones, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras dependencias.
En la sesión, la diputada local de Morena, Marcela Fuente, promotora de esta reforma, destacó que durante años las víctimas de violencia ácida se vieron obligadas a enfrentar solas el proceso de reconstrucción física y emocional necesario después de un ataque de este tipo. Sin embargo, con la aprobación de esta reforma, el Estado estará obligado a garantizar esa reconstrucción para las víctimas.
Las comisiones dictaminadoras expresaron su agradecimiento a las activistas contra la violencia ácida por el arduo trabajo que realizaron, al poner de manifiesto el problema y abogar por una reforma a la ley.
