Las multas aplicarán para quienes produzcan ruido de más de 65 decibeles
El pleno del Congreso local aprobó el dictamen de reforma y adiciones a la Ley Ambiental, en materia de ruido, para que sea amonestado, arresto de 36 horas, clausura, decomiso, suspensión de actividades y multa por hasta ocho millones 962 mil pesos a quien haga ruido que sobrepasen los 65 decibeles (dB).
El dictamen fue aprobado, luego de casi una hora de discutir varios artículos reservados que, en su mayoría, fueron para corregir errores de redacción, por 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; es decir, para las 11:03 horas, ya habían huido 18 legisladores, dado que pasaron lista de asistencia 64.
De acuerdo con el documento, presentado por el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, “el ruido se asocia a las actividades humanas que se desarrollan en la zona urbana de la Ciudad de México, pues sus principales fuentes vienen del transporte, industrias, talleres y obras de construcción, sin olvidar bares y cantinas”, destacó el legislador.
Prueba de esto, dijo, es que de 2002 a 2019, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió siete mil 796 denuncias en materia de ruido y vibraciones, principalmente de vecinos de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, seguidos de Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Coyoacán, donde existe una importante actividad de restaurantes, bares, cantinas y otros giros mercantiles.
Además, el dictamen, en su artículo 186 Sexies, es que a partir del 1 de enero de 2024 (36 meses a partir de ahora), tendrá que elaborarse y, en su caso, aprobar el primer mapa de ruido y a partir de ese momento sea actualizado cada cinco años.
Para ello, dijo Rodríguez Díaz de León, deberá destinarse recursos de personal y software especializado, por lo que se debe prever la asignación de presupuesto para su implementación.
“En la parte operativa requiere de recabar datos que requieren ser validados mediante estudios, por lo que un periodo de cinco años es adecuado para definir la estrategia que permita su elaboración ejecución y evaluación”, afirmó.
Destacó que en los núcleos urbanos, las fuentes de contaminación acústica son muy diversas, pero generalmente se engloban en cuatro categorías: Tránsito vehicular, con el 80% del ruido; Construcciones, con el 10%; Ferrocarriles, con 6%; así como bares, musicales y otro tipo de actividades, con 4% del ruido restante.
Aclaró que en la actualidad hay otros causantes de la situación acústica, como es el aumento de la densidad de la población, que contribuye a elevar los niveles de ruido en los núcleos urbanos, particularmente en las zonas donde están centros de diversión nocturna, especialmente los fines de semana.
Recordó que las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son las instituciones que han generado mayor información sobre los efectos de la contaminación auditiva en la salud, ambos han sugerido límites máximos de ruido debido a la importancia de la temática en relación con la calidad de vida.
De igual forma, llega a causar fatiga e inestabilidad emocional, por lo que la combinación de estos males a largo plazo y la constante exposición a altos niveles de ruido deteriora la salud, la calidad de vida y cambia la forma en que las personas realizan sus actividades y su desarrollo social.
Incluso, citó que la OMS determinó que el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud, después de la contaminación del aire, “por lo que una persona no debe estar expuesta a más de 60 decibeles (dB) y exponerse a niveles de más de 90 dB representa una situación crítica”.
Rodríguez Díaz de León recordó que desde hace más de 24 años se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el ruido, el último miércoles del mes de abril, con el propósito de promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido.
De allí que en la Ciudad de México, el problema del ruido representa el tercer problema más denunciado ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
La importancia del dictamen “es ponderar los diversos derechos que se ejercen en el contexto de los supuestos normativos que se pretende regular”, enfatizó.
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AFG
