Autoridades de Hidalgo dan por cerrado el caso de la explosión de Tlahuelilpan

Agotadas las líneas de investigación, las autoridades hidalguenses señalaron que la muerte de 137 personas se dio por un evento fortuito de explosión

A un año de la tragedia en Tlahuelilpan, el procurador de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo González, dio por concluida la actuación de la fiscalía hidalguense con la total identificación y entrega de los restos humanos de las 137 víctimas a sus familiares.

De acuerdo con el fiscal, las carpetas de investigación se abrieron cuando los familiares acudieron a la fiscalía para informar que no encontraban a sus parientes quienes resultaron víctimas de la explosión e incendio ocurrido el 18 de enero de 2019 de una toma clandestina de hidrocarburo localizada en la comunidad de San Primitivo, en los límites de los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

“En el siniestro -señaló- hubo restos de personas que quedaron en avanzado estado de calcinación. Por ese motivo, se requirió del apoyo de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República y de la División Científica de la Policía Federal con lo que se logró esclarecer la identidad de las víctimas y entregar los restos a sus familiares”.

Para estas pruebas se analizaron en conjunto 69 restos humanos cuyos resultados de los análisis fueron comparados con las 154 muestras genéticas que se recabaron para la identificación mediante pruebas de ADN.

Agotadas las líneas de investigación toda vez que la muerte de las víctimas fue producida en un evento que calificó de “notoriamente público y ampliamente conocido”, se dio continuidad al procedimiento legal para su archivo.

El funcionario judicial hizo un reconocimiento a las autoridades del gobierno federal por la cooperación que realizaron con el gobierno del estado para superar lo que ha sido la peor tragedia en la historia de Hidalgo.

De acuerdo con información obtenida, sumaron 74 carpetas de investigación del fuero común iniciadas por lesiones, por la muerte o la desaparición de las personas que posteriormente fueron identificadas entre los cuerpos sin vida.

Tras la explosión de la toma clandestina, la PGJH desplegó una fuerza operativa de 181 personas, de ellas 41 fueron agentes del Ministerio Público, 60 peritos, 80 agentes de investigación y 40 personas de áreas administrativas que apoyaron la contingencia.