No es la primera vez que se acusa al gobierno de saltarse las restricciones impuestas a los británicos para intentar controlar la pandemia
El primer ministro británico, Boris Johnson, se ve de nuevo en aprietos este martes debido a otro escándalo por una multitudinaria fiesta celebrada en pleno confinamiento en los jardines de Downing Street, que la policía dijo investigar.
En mayo de 2020 -casi dos meses después de declarado el confinamiento en el Reino Unido por el coronavirus, que llevó al propio Johnson a ser hospitalizado en abril en cuidados intensivos y dejó a 67 millones de británicos sin interacciones sociales-, todos los comercios no esenciales estaba cerrados y solo se permitía encontrarse con una persona para caminar o hacer ejercicio, siempre al aire libre y respetando dos metros de sana distancia.
Según el canal privado ITV News, el secretario particular del primer ministro, Martin Reynolds, envió un correo electrónico a un centenar de empleados invitándoles “después de un periodo increíblemente ajetreado” a “disfrutar del buen tiempo” tomando “unas copas con distancia social” el 20 de mayo en los jardines de Downing Street.
“Únanse a nosotros a partir de las 18h00 y traigan sus propias bebidas”, decía el mensaje ahora filtrado a la prensa, que vuelve a reavivar un escándalo que el controvertido líder conservador esperaba haber dejado atrás con el inicio del nuevo año.
Unas 40 personas participaron en la reunión, en la que se comieron aperitivos de pícnic y se consumió alcohol, de acuerdo con ITV News.
Según varios medios británicos, asistieron a la fiesta tanto Johnson como su esposa Carrie, que el 29 de abril había dado a luz a Wilfred, primer hijo de la pareja que ahora ya tiene dos.
En un comunicado a última hora del lunes, la policía londinense dijo estar haciendo averiguaciones.
“El servicio de Policía Metropolitana es consciente de la información generalizada en relación con las presuntas infracciones de las regulaciones de protección sanitaria en Downing Street el 20 de mayo de 2020 y está en contacto con la oficina del gabinete”, anunció
Se prevé que la investigación interna que está dirigiendo una alta funcionaria británica, Sue Gray, sobre la celebración de presuntas fiestas en Downing Street examine las nuevas pruebas que apuntan a la reunión social a la que invitó el propio secretario de Johnson.
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No es la primera vez que se acusa al gobierno de saltarse las restricciones impuestas a los británicos para intentar controlar la pandemia, que provocaron una muy grave recesión económica.
El pasado 20 de diciembre, el diario ‘The Guardian’ difundió una foto del primer ministro y su mujer departiendo amigablemente y con copas de vino en los jardines de su residencia con colaboradores.
La revelación de que hasta 50 empleados de Downing Street celebraron una fiesta de Navidad el 18 de diciembre de 2020 y algunos después bromearon al respecto, llevó a la exportavoz del primer ministro, Allegra Stratton, a dimitir entre sollozos a principios de diciembre y a 54% de los británicos a considerar que Johnson debía dimitir.
Entre ellos figuran numerosos diputados de su propio Partido Conservador, un centenar de los cuales votó pocos días después contra el gobierno, en una rebelión de magnitud sin precedentes, por las nuevas restricciones decididas debido a la variante ómicron.
Para intentar atajar el asunto, Johnson, que dijo haber recibido la garantía de que “siempre se respetaron las reglas”, encargó una investigación interna a la alta funcionaria Sue Gray, que aún no ha publicado sus resultados.
Y a ella se limitó a referirse, con una sonrisa incómoda, cuando antes de esta nueva filtración se le preguntó sobre su propia presencia en estos eventos.
“Boris Johnson, sus desvíos y distracciones son absurdos. Deje de mentir al público británico. Es hora de confesar de una vez”, tuiteó el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer.
Por su parte, Jonathan Evans, director del comité independiente que asesora a los primeros ministros en materia de ética, consideró que las últimas acusaciones muestran “descuido” en el mantenimiento de las normas.
“La gente se preocupa y siente que (…) las personas a las que se paga por desempeñar funciones públicas, deberían estar a la altura”, afirmó
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CAB
