La iniciativa también se incluyó castigo a los servidores públicos que autoricen o permitan por omisión la comercialización de estos aparatos
En Jalisco, legisladoras han presentado una iniciativa que permita modificar el Código Penal local y con ello sancionar con cárcel a quienes compren celulares robados, así como mayores sanciones para funcionarios que permitan por omisión de este tipo de aparatos en la vía pública o en establecimientos.
El proyecto, presentado por el legislador Javier Romo Mendoza, contempla sanciones de 4 a 8 años de cárcel a quienes roben celulares, aplicable también a quienes los comercialicen, desbloqueen o remarquen.
Además se planteó una sanción de 16 a 32 meses de prisión si se compra el equipo robado, aplicando una cancelación de la licencia de operación del establecimiento que lo haya ofertado.
Según la propuesta, se considerarán como agravantes a esta sanción el haber usado armas de fuego o provocar lesiones al momento del robo del celular, y las sanciones podrían subir hasta 15 años de cárcel.
“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”, expuso el diputado.
Además si el equipo contiene información personal biométrica y financiera, la pena aumenta 10 años más. De comprobarse el uso de la información, se incrementan 12 años.
La iniciativa fue turnada a comisiones. También se incluyó castigo a los servidores públicos que autoricen o permitan por omisión la comercialización de celulares robados en espacios públicos abiertos.
Dicho correctivo va desde la inhabilitación y retiro del cargo público a prisión por 2 años.
El legislador justificó que de los 9.5 millones de robos que se cometen en la calle, al menos según la Encuesta Nacional de Victimización 2017, el 51.2 por ciento de lo robado son celulares.
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