Con 46 votos a favor y 11 en contra, el Congreso de la Ciudad de México, en su papel de constituyente permanente, dio luz verde a la reforma de los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Senado de la República —o, en su defecto, a la Comisión Permanente— la facultad de ratificar los grados superiores en la Guardia Nacional.
Durante la discusión, el diputado Manuel Talayero, del PVEM, argumentó que esta modificación permitirá que los ascensos puedan ser ratificados antes del desfile cívico-militar del 20 de noviembre, asegurando que se dará continuidad al fortalecimiento institucional de la corporación.
Sin embargo, legisladores de oposición se manifestaron en contra. Omar García Loria, del PRI, señaló que no se debe legislar con prisa ni tratar a la Constitución como si fuera un borrador. Afirmó que el camino adecuado para robustecer a la Guardia Nacional es a través de su formación, disciplina y permanencia, no con lo que calificó como “parches legislativos”.
Por su parte, la panista Olivia Garza acusó que la reforma responde a compromisos políticos que no obedecen al interés ciudadano, y advirtió que se trata de un paso más hacia la militarización de las instituciones civiles.
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Luisa Fernanda Ledesma, de Movimiento Ciudadano, se sumó a las voces críticas al sostener que el fortalecimiento de la seguridad pública debe pasar por una reducción en la militarización y, en su lugar, apostar por el fortalecimiento de las policías municipales mediante capacitación, equipamiento y recursos adecuados.
También desde el PAN, el diputado Mario Enrique Sánchez cuestionó que la reforma busque aparentar un control civil cuando, en realidad, refuerza el poder militar. Advirtió que la medida compromete no solo la seguridad pública, sino también el equilibrio entre poderes y el Estado de derecho en México.
