Las ciudades santuario en Estados Unidos han crecido en número e importancia como respuesta a la presión migratoria y a políticas federales restrictivas
Las denominadas ciudades santuario en Estados Unidos se han consolidado como un mecanismo de protección para personas migrantes que viven en el país sin documentos. Estas jurisdicciones, que han crecido en número ante los flujos migratorios desde la frontera sur y el aumento del discurso político en contra de la inmigración, adoptan políticas que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales.
Aunque no existe una definición unificada a nivel nacional, se considera ciudad santuario a aquella localidad o estado que restringe su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El objetivo es evitar la deportación de migrantes que han cometido infracciones menores, como conducir sin licencia o faltas de tránsito, protegiéndolos así de ser entregados a las autoridades federales si no existe una orden judicial o historial criminal grave.
Te puede interesar: Tensión migratoria en Los Ángeles: ICE detiene a 11 mexicanos durante redadas
Estas prácticas surgieron en los años ochenta, cuando iglesias en distintos puntos del país ofrecieron refugio a centroamericanos que escapaban de la violencia en sus países. A partir de esa experiencia, gobiernos locales comenzaron a implementar regulaciones para impedir que sus recursos fueran utilizados en acciones de detención o deportación ejecutadas por ICE. Desde entonces, estas políticas se han fortalecido, especialmente en ciudades con una alta presencia migrante.
Durante el mandato de Donald Trump, las tensiones entre el gobierno federal y las ciudades santuario se intensificaron. El entonces presidente promovió medidas que buscaban sancionar a aquellas jurisdicciones que no colaboraban con ICE, y propuso campañas de deportación masiva, centradas en personas detenidas por faltas menores. La posibilidad de su retorno a la Casa Blanca en 2025 ha reactivado el debate, ya que sus propuestas incluyen volver a presionar a estas entidades e intensificar las redadas migratorias.
Las autoridades locales que defienden las políticas de santuario argumentan que estas contribuyen a una mayor seguridad pública. Indican que los migrantes, al no temer ser deportados, están más dispuestos a reportar delitos, buscar atención médica o colaborar con procesos judiciales. En contraste, cuando existe una fuerte colaboración entre las fuerzas locales y ICE, se erosiona la confianza en las instituciones y muchas personas prefieren permanecer en el anonimato, lo que dificulta las labores de prevención y justicia.
Investigaciones académicas han mostrado que las ciudades santuario no presentan mayores niveles de criminalidad en comparación con aquellas que sí colaboran con ICE. En varios casos, los índices de delitos son incluso más bajos.
Entre los estados que han institucionalizado políticas de santuario se encuentran California, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Oregón, Washington, Connecticut, Illinois y Colorado. En cambio, Texas, Florida, Georgia, Tennessee, Iowa, Alabama y Virginia Occidental han adoptado leyes que obligan a los gobiernos locales a actuar en coordinación con ICE y a facilitar la detención de personas sin documentos.
El futuro de estas ciudades depende en gran parte del rumbo político del país. Mientras algunos estados y ciudades refuerzan sus redes de apoyo para los migrantes, otros endurecen sus leyes en nombre de la seguridad nacional, generando un mosaico legal complejo y cambiante a lo largo del territorio estadounidense.
