Caracas acusó a Trinidad y Tobago de colaborar con EE.UU. en la incautación de un petrolero venezolano y anunció la suspensión inmediata de acuerdos energéticos
El gobierno de Venezuela elevó este lunes el tono diplomático contra Trinidad y Tobago, al responsabilizarlo de participar en la incautación de un buque cargado con crudo venezolano que fue retenido por Estados Unidos la semana pasada en el Caribe. La acusación se dio a conocer mediante un comunicado oficial de la Vicepresidencia venezolana, difundido en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región.
De acuerdo con el pronunciamiento compartido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Telegram, Caracas asegura tener “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano”, señalando que el hecho ocurrió el pasado 10 de diciembre durante “el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela”. El documento califica la incautación como un “acto de piratería” y sostiene que representa una “grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio”.
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La reacción desde Puerto España no se hizo esperar. La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, declaró a la AFP que no se siente “perturbada por el comunicado” venezolano y recomendó a Caracas “dirigir sus quejas al presidente Trump”. Días antes, Donald Trump había confirmado que Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas venezolanas, un hecho inédito dentro de la prolongada confrontación entre ambos gobiernos.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su rechazo al decomiso, al que volvió a calificar como “piratería internacional”. Recordó además que en octubre Venezuela ya había suspendido acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago tras la llegada de un buque de guerra estadounidense al país isleño para ejercicios militares conjuntos. En el nuevo comunicado oficial, Caracas ratificó esa postura y ordenó “Extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país”.
La escalada continuó luego de que Trinidad y Tobago anunciara que permitirá el uso de sus aeropuertos por parte de aeronaves militares estadounidenses para operaciones logísticas en las próximas semanas. A ello se suma la reciente instalación de un radar en el archipiélago con apoyo de Washington. Ante este escenario, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, advirtió que estas decisiones “ponen en peligro las buenas relaciones” bilaterales y “a su propio pueblo”. En una conferencia, enfatizó “No se podrán llevar ni una gota de petróleo. Aquí hay petróleo, pero tienen que pagarlo”.
Venezuela enfrenta desde 2019 un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos, lo que ha obligado al país a colocar su crudo en mercados alternativos, principalmente en Asia y con importantes descuentos. En paralelo, la estatal Pdvsa denunció un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”, aunque aclaró que el impacto se limitó a sistemas administrativos. La empresa atribuyó el incidente a “intereses extranjeros” y volvió a señalar a Washington por intentar “hacerse con el petróleo venezolano”.
En el plano internacional, horas antes del pronunciamiento venezolano, la Unión Europea decidió extender hasta enero de 2027 las sanciones vigentes contra funcionarios del gobierno de Caracas. El bloque justificó la medida por “Las persistentes acciones que socavan la democracia y el estado de derecho”, “Las continuas violaciones de los derechos humanos” y “La represión contra la sociedad civil y la oposición democrática”.
Caracas rechazó la decisión europea y la calificó como “medidas coercitivas unilaterales”. En su respuesta oficial, la Cancillería venezolana sostuvo “Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas con la UE”. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, reportan un aumento de detenciones y desapariciones forzadas en el país, mientras la tensión diplomática de Venezuela con actores regionales y globales continúa en ascenso.
