Autoridades federales hicieron caso omiso para adaptar las normas
Las autoridades federales fueron omisas para adoptar acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas con las que se regulara el manejo de los plaguicidas altamente peligrosos que pueden ocasionar graves daños a la salud de las personas, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo nacional menciona que se trata de violaciones a los derechos humanos,a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por lo que este miércoles emitió la Recomendación 82/2018 dirigida a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco; y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula; de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo; y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Trujillo Arriaga.
Desde julio de 2017, más de 43 personas han interpuesto denuncias de inconformidad por la falta de acciones y acatamiento de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos.
La CNDH realizó una investigación de los hechos en la que encontró que el marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas, permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente.
“De los 35 plaguicidas restringidos por el Convenio de Rótterdam, México prohibió la importación de sólo 20 de ellos, permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para 10 y del resto no se ha pronunciado. De los 17 pesticidas incluidos en el Convenio de Estocolmo, el Estado mexicano sólo se ha adherido a las condiciones de dicho tratado para ocho de ellos”, subrayó la CNDH.
Aseveró que con dichas omisiones se violan los derechos humanos, en agravio de la población en general aparte de incumplir con tratados internacionales que señalan la prohibición de producción, manejo, comercialización, eliminación progresiva, cancelación y/o revocación de permisos de utilización respecto de sustancias tóxicas contenidas en plaguicidas y en la difusión de información respecto a las mismas.
La CNDH observó que la Cofepris dejó de realizar una investigación permanente de los riesgos y daños a la salud que origina la contaminación del ambiente por plaguicidas; la Semarnat no ha cumplido en la prevención de contaminación atmosférica, agua y de los suelos, por el uso no controlado de estas sustancias tóxicas.
Las demandas que se han interpuesto por el organismo llevarán un proceso largo, sin embargo advierten que son acciones que se deben tomar por el bien de la población, así se enfrenten a todas las instituciones implicadas.
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