Las agresiones fueron realizadas a migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, en enero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió unas serie recomendaciones al ahora ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, tras confirmar agresiones que personal de ambas instituciones infligió a integrantes de la Caravana Migrante en el mes de enero de 2020.
De acuerdo con un comunicado este jueves, colaboradores de la CNDH constataron que migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, en el estado Chiapas del 20 al 23 de enero, fueron agredidos con piedras, toletes y escudos por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del INM.
Asimismo, aseguraron que estas Informaron que estas personas también detenidas para luego ser trasladados a una estación migratoria.
“La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias”, informaron.
En adición, los informes de la Comisión apuntan que el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas, al permitir que interfiriera la GN. Por otra parte, denunciaron que “el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal”.
Recomendaciones
Aunado a lo anterior, la CNDH hizo énfasis en que las autoridades migratorias “omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante”.
Por estas razones, la CNDH solicitó a la SSPC que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas”; es decir, a emitir una compensación “justa y suficiente”; inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como el otorgar atención médica y psicológica para todos los afectados.
Por otro lado, a la Guardia Nacional en específico, se le solicita su colaboración en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos; así como el diseño y aplicación de “un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad; también legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza”. Para lo cual se le recomendó iniciarlo en un máximo de tres meses.
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Además, se considera necesaria la impartición de un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica; que también adiestre integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia para el personal del 21/o Batallón de la GN.
Al INM, por último, se le solicitó “realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos”.
En conclusión, solicitaron las medidas de no repetición; mismas que consisten en implementar los procesos necesarios para evitar a toda costa que se repitan en la entidad u otras partes del país los “hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención”.
“El Estado debe adoptar todas las medidas legales y administrativas y de otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas”, concluye la CNDH.
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CAB
