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Congreso de Chile aprueba juicio político contra el presidente Sebastián Piñera

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes realizar un juicio político para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera

La Cámara de Diputados de Chile admitió el martes un juicio político impulsado por la oposición contra el presidente, Sebastián Piñera, tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas.

El proceso de juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera, por eventuales irregularidades en la compraventa de una minera revelados por los denominados Pandora Papers, avanzó al Senado tras ser aprobado el martes por la mayoría necesaria de diputados.

La acusación fue aprobada por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones y ahora deberá ser tramitada por el Senado, que tiene facultades para destituir al mandatario, que fue acusado de infringir la Constitución y las leyes y de comprometer el honor de la nación por supuestamente favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato (2010-2014). Los senadores tienen un máximo de seis días para iniciar la tramitación.

La oposición de centroizquierda necesitaba 78 votos de los 155 del pleno para admitir el juicio político y aunque tiene 83 votos en la Cámara, varios votaron en contra.

Para alcanzar los sufragios que necesitaban, el socialista Jaime Naranjo, presentador de la acusación, leyó por 14 horas una serie de documentos sobre el tema para hacer tiempo hasta que llegara a la sala el diputado Giorgio Jackson, quien estaba en cuarentena y debió esperar hasta la medianoche del lunes, cuando concluía su confinamiento por ser contacto estrecho de otro parlamentario contagiado con Covid-19, para trasladarse a la sede del Congreso.

Ya en la madrugada del martes intervino por más de cuatro horas el defensor de Piñera, el abogado Jorge Gálvez, que dijo a al pleno que, “le asiste el deber de partir investigando, no puede partir por deducir una acusación constitucional que no ha investigado”.

La oposición necesitará el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan.

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Por tratarse de la figura del presidente de la República, Piñera podrá continuar con sus funciones mientras prepara su defensa ante el Senado, que oficiará de tribunal en el juicio.

Durante la extensa sesión en la Cámara, que arrancó la mañana del lunes, uno de los diputados acusadores expuso durante unas 15 horas, en una estrategia opositora para asegurar los respaldos necesarios. Un diputado tenía que llegar después de cumplir su cuarentena obligatoria por coronavirus.

La acusación presentada a mediados de octubre a raíz de la controversia desatada por la divulgación de los llamados Pandora Papers, que aluden a una cláusula en la venta en 2010 de la Minera Dominga que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios.

El traspaso de la mina -ubicada en una zona costera del norte de Chile cerca de una reserva natural- ya fue estudiado y sobreseído por tribunales en 2017, pero tras la publicación de los Papeles de Pandora la fiscalía decidió abrir una nueva investigación.

Piñera estaba entonces en su primer gobierno. Según la acusación, el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.

Antes de ser votada por los diputados el martes, la acusación constitucional ya había sido rechazada por una comisión de legisladores que la revisó preliminarmente.

La defensa del mandatario ha argumentado que la acusación era “una ostensible maniobra político-electoral” que “carece de todo argumento fáctico y jurídico”, insistiendo en que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.

Esta es la segunda ocasión en que se plantea enjuiciar políticamente a Piñera durante su actual mandato. La primera fue a fines de 2019, cuando fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de un violento estallido social. Piñera esgrimió que la acusación no cumplía los requisitos constitucionales pertinentes, lo que fue acogido por la mayoría de los diputados.

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