La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México lanzó un llamado al Congreso capitalino para llevar una discusión más amplia sobre las propuestas de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento propuestas por las diputadas de Morena Valentina Batres y Martha Ávila para beneficiar a los arrendatarios durante la época de crisis por la pandemia.
El órgano que aglutina a los empresarios capitalinos, asegura estar convencido de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la Vivienda, a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la Ley.
Sin embargo, no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental.
De esta forma, subrayan que quienes integran el Centro Empresarial de la Ciudad de México se dicen a favor de coadyuvar con el Gobierno a encontrar mecanismos extraordinarios para auxiliar a la población, durante la contingencia sanitaria, pero estas medidas no deben vulnerar la certeza jurídica, ni poner en riesgo las propiedades de particulares.
? Necesaria una solución para que inquilinos no sean desalojados, sin fomentar la morosidad o no pago, coinciden en el Foro de Vivienda.
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 14, 2020
Concluyen las discusiones virtuales del Foro Legislativo Vivienda y Arrendamiento en Tiempos del COVID-19.
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Los empresarios de la capital han señalado el impacto económico que ha provocado en todo el mundo el COVID-19, situación que ha creado inestabilidad de los ingresos a las familias, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
Sumado a esta situación, medidas propuestas por la bancada de MORENA en el Congreso local, además de vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario, ya de por sí golpeado por la pandemia mundial.
Lo que, por un lado, frena la competitividad de la Ciudad de México, y por el otro encarecería los precios de los arrendamientos, derivado en una poca oferta de inmuebles para arrendar.
Por último, tachan como ilegal la consulta ciudadana propuesta por el Congreso de la Ciudad de México con respecto a la Ley, pues de ninguna manera se pueden poner bajo este ejercicio los derechos garantizados por la Constitución a todos los mexicanos.
IPR
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