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Dan 50 años de prisión a dos mujeres por el asesinato de la enfermera Xitlali

El juez cuestionó a la Fiscalía, porque no reclasificó el hecho delictivo contra las imputadas, ya que el juicio fue por homicidio calificado

En su último intento para evitar la pena máxima por el homicidio calificado de Xitlali Ballesteros, Estephani Nataly S., pidió se considere su buena conducta dentro del penal.

Antes de que escuchara del juez la sentencia de 50 años de prisión, 439 mil de compensación a la parte ofendida y la suspensión de sus derechos político electorales, la sobrina política de Xitlali Ballesteros, explicó que “dentro del penal he tenido buena conducta y soy la maestra del centro”.

Además, en estos dos años de vivir privada de la libertad, también dio forma a una
pequeña organización encargada de hacer playeras artesanales.

Buscando evitar la pena máxima, la defensa de ambas partes también argumentó que el homicidio no fue motivado por su condición de género, sino por una creencia, que el tío de Estephani Nataly S., moría por estar siendo envenenado.

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En tanto que, en el caso de Laura Angélica R., igualmente encontrada responsable de homicidio calificado, la defensa se limitó a externar en última instancia que no tenía móvil del crimen, argumentos que no tomó el juez y por lo que también se le dio la sentencia de 50 años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no clasificó desde un inicio a este caso como feminicidio, pero ante la decisión que tomaría el juez los agentes intentaron agregar agravantes al homicidio calificado y recomendaron añadir la perspectiva de género. Sosa Maya reprobó que se quisieran argumentar causales de feminicidio de forma tan tardía y observó que la Constitución le mandata sentenciar con perspectiva, sin que el MP lo solicite.

Además de los años de sentencia, se interpuso un monto de 439 mil 612 pesos por reparación del daño en favor de la madre y el hijo de la víctima.

Después de arrebatarle la vida en el fraccionamiento Camelinas de Morelia, Laura y Estephany cubrieron el cuerpo con cobijas y bolsas de plástico para tirarlo en un predio del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, mismo lugar donde la FGE encontró el martillo, así como una bolsa y celular pertenecientes a la víctima.

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