CNDH y CEDHV condenaron la detención de Diana Patricia por un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo en Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) y del estado mexicano de Veracruz (CEDHV) condenaron este jueves la detención y exigieron respeto a los derechos de una mujer que fue encarcelada por un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo en la localidad de Acayucan.
Ambos organismos mostraron preocupación por la situación de la mujer de nombre Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, quien fue detenida el 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, “enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo”.
Señalaron que tras conocer los hechos, ambas comisiones condenaron los hechos que “vulneran gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”.
Además, indicaron que “la acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento”.
También esta detención “acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpe de forma legal o espontanea”, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, “en una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social”.
Ambas comisiones, en apego a las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), exhortaron a las autoridades del estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.
Este miércoles, el Congreso de Hidalgo aprobó una iniciativa de ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y con ello se convierte en el tercer estado en el país en permitir esta práctica.
La ley, que había sido rechazada en 2019, permitirá ahora que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación, por lo que abortar fuera de ese periodo se considerará un delito que conllevará a una pena de entre seis meses y un año de prisión y una multa.
Además, se contemplan penas carcelarias a quienes, contra la voluntad de las mujeres, las obliguen a abortar o les induzcan la interrupción del embarazo.
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