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Desapariciones forzadas persisten en México: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional alertó del incremento de violaciones graves de derechos humanos en México; señaló que los homicidios van al alza en nuestro país

En México los homicidios y las desapariciones forzadas aumentaron en los 16 años que los militares participaron en las operaciones de seguridad pública, afirmó Amnistía Internacional.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional habían cometido violaciones graves de derechos humanos en 28 casos, incluidos varios crímenes de derecho internacional, tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, según su informe 2023-2024 presentado ayer.

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Indicó que las Fuerzas Armadas siguen haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza y cometiendo ejecuciones extrajudiciales.

“El 26 de febrero, varios soldados mexicanos mataron presuntamente a cinco jóvenes que viajaban en camioneta por Nuevo Laredo (Tamaulipas). El 18 de mayo, una cámara de vigilancia mostró a varios militares matando presuntamente a cinco hombres en esa misma ciudad.”

Detalló que el número de desaparecidos o en paradero desconocido es elevado.

“La Comisión Nacional de Búsqueda registró al menos 12 mil 31 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas en 2023. Según cifras oficiales, el total de casos registrados entre 1962 y el final de 2023 ascendía a 114 mil 4 personas.”La Comisión Nacional de Búsqueda registró al menos 12 mil 31 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas en 2023. Según cifras oficiales, el total de casos registrados entre 1962 y el final de 2023 ascendía a 114 mil 4 personas.

Aumentó las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó que durante el año habían solicitado asilo en el país 141 mil 53 personas, en su mayoría procedentes de Haití, Honduras, Cuba, Guatemala y El Salvador.

En materia migrante, “las autoridades seguían sin proteger el derecho a la vida y la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. El 28 de marzo, al menos 40 hombres murieron y otros 29 fueron hospitalizados en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) a causa de un incendio ocurrido en un centro de detención migratoria.

Lamento que el número de casos de violencia sexual y feminicidio sigue siendo elevado, y no se procedía con la diligencia debida para investigar esos delitos adecuadamente.

“Cada día fueron asesinadas un promedio de 9 mujeres en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Ciudad Juárez, donde los feminicidios se documentaban desde hace 30 años, muchas víctimas seguían sin obtener justicia. Las organizaciones locales, familiares de las víctimas y Amnistía Internacional honraron públicamente la memoria de las mujeres que habían sido asesinadas.”

CRITICAN QUE SE PENALICE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Criticó que en México se sigue penalizando el derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión: “Se asesina a periodistas, se expone a buscadores de desaparecidos y se socava la independencia del Poder Judicial”.

Las autoridades siguen criminalizando a quienes ejercen su derecho a protestar y empleando fuerza excesiva contra esas personas; utilizaban el sistema judicial de forma desproporcionada para encauzar a quienes defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente.

En el informe se da cuenta de “la falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información” por parte de la Sedena, luego de que en octubre del año pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 denunciara la “obstrucción del acceso a documentos históricos” sobre abusos cometidos por personal.

Amnistía Internacional incluyó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos como otro caso de falta de transparencia por parte del Ejército, y de la protección del presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidiera salir de país, tras la negativa castrense a entregar información sobre el caso, en tanto que el mandatario anunció que se estaría investigando al exfiscal responsable de investigar el caso, Omar Gómez Trejo, quien intentó procesar a personal militar presuntamente implicado en la desaparición de los jóvenes, que este año cumple 10 años.

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