La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, comunicó a los trabajadores sobre la suspensión definitiva de la implementación de la reforma al Poder Judicial en los congresos estatales.
La legisladora entregó el documento a Patricia Aguayo, una de las trabajadoras, y expresó que este documento tiene como objetivo proteger los derechos de aquellos que trabajan en el poder judicial.
Frente a un grupo de trabajadores que celebraron la decisión del juez, Ballesteros destacó que “este amparo es para ustedes, sí, es de ustedes, y precisamente hace unas semanas, cuando se aprobó esta medida ilegal, les prometimos que lucharíamos hasta el final. Les aseguramos que estaríamos a su lado, y esto es solo un pequeño paso hacia lo que merece la fuerza laboral de este país y la justicia en este país”.
Además, adelantó que Movimiento Ciudadano continuará con acciones legales para defender la reforma: “Quiero compartirles que esta mañana hablé con Jorge Álvarez Máynez, quien está muy contento y les envía muchos saludos. Ellos, al igual que nosotros en Movimiento Ciudadano, han iniciado una acción de inconstitucionalidad. Hablamos sobre esto esta mañana, y la acción de inconstitucionalidad que presentó Movimiento Ciudadano ya fue aceptada por la Corte ayer, y hoy recibimos esta buena noticia de la suspensión definitiva”.
Insistió en que el llamado movimiento naranja no abandonará este asunto: “vamos a estar con ustedes hasta el final. Quiero resaltar que esta suspensión es significativa porque incluso la Fiscalía intentó revertirla, enviando a un Ministerio Público para declararla inválida. Sin embargo, el propio tribunal le indicó que era improcedente; ningún ministerio público ni ninguna Fiscalía tiene nada que hacer en relación con estas inconformidades respecto al amparo”.
Movimiento Ciudadano fue notificado sobre la concesión de la suspensión definitiva que impide la implementación de la reforma judicial en las 32 entidades del país, tras la promoción de un amparo por parte de diputados de la bancada naranja.
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Según el activista Miguel Alfonso Meza, esta suspensión ordena detener la aplicación de toda la reforma: frena el despido masivo de jueces y magistrados, “ni uno solo podrá ser removido de su puesto. Esto les protege, entre otras cosas, de la tómbola-guillotina”.
Además, el Senado no podrá emitir la convocatoria para elegir a jueces y magistrados, lo que frena que Morena imponga a sus candidatos y capture el Poder Judicial.
Asimismo, “la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto del Poder Judicial ni eliminar los fondos que garantizan los derechos laborales de los trabajadores”.
El INE tampoco podrá avanzar con la elección extraordinaria de jueces y magistrados, “esto es crucial porque la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha afirmado que acatará suspensiones definitivas. Si actúa de manera coherente, debería detener toda la implementación de la elección de jueces”.
Finalmente, los Estados no podrán replicar la reforma judicial a nivel local, lo que significa que los caciques de Morena tampoco podrán capturar los poderes judiciales locales.
