La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Constitución en materia de simplificación administrativa y digitalización, tanto en lo general como en lo particular.
Con el objetivo de mejorar la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, reducir la duplicidad de funciones, prevenir la corrupción y garantizar transparencia y accesibilidad, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Constitución en temas de simplificación administrativa y digitalización, tanto en lo general como en lo particular.
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Y para lograr dicho objetivo, el dictamen de la minuta que reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución, establece que, “a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de todas las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia”.
“La administración pública requiere ajustes ante la evolución paralela con la transformación del Estado y de la sociedad”, destaca la iniciativa.
Por ello, tras varias horas de debate, los grupos parlamentarios se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que la votación en lo general obtuvo 452 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, mientras que en lo particular se registraron 425 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental de 2023, el INEGI informó que el 52.4 por ciento de la población realizó pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos en las instalaciones del gobierno, mientras que sólo el 16.2 por ciento utilizó Internet.
Al menos durante el periodo noviembre-diciembre de 2023 el 83.1 por ciento de la población consideró frecuente los actos de corrupción. Además, al tratarse de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, el 40.7 por ciento de la población tuvo algún problema, siendo el más frecuente el de las barreras en los trámites.
Mientras que a nivel federal, según datos del Instituto existen más de siete mil trámites en promedio, la frecuencia de uso en cada entidad federativa es de 523 y, a su vez, por cada municipio es de 144. Una persona en promedio realiza durante su vida aproximadamente 483 trámites, de los cuales el 85 por ciento son estatales o municipales.
Ante el exceso de trámites administrativos en México y la falta de sistematización y digitalización, integrantes de las seis bancadas (PRI, PAN, Morena, MC, PT y PVEM), expresaron la necesidad de erradicar los hechos de corrupción que afectan a la población en general, agilizando los procesos, procedimientos y mejorando la confianza de la ciudadanía.
Asimismo, se considera que la descentralización de trámites y la mejora de la coordinación institucional permitirán eliminar los excesos.
POSICIONAMIENTOS:
Olga Sánchez Cordero Dávila, de Morena, expresó que [T1] “con estos cambios, se fortalecerán las prácticas regulatorias vigentes con la novedad de que será visible y vigente en toda la nación, constituyendo una estrategia fundamental para optimizar la eficiencia administrativa, disminuir costos operativos y promover una cultura de la transparencia, accesibilidad y modernización en la gestión pública, todo ello, con estricto apego y protección a los datos personales”.
Roberto Sosa Pichardo, del PAN, indicó que “la digitalización mejora la eficacia y eficiencia en los gobiernos, reduce costos y tiempos de las y los ciudadanos, y representa una mejora en el tema de transparencia. Agregó que “aún hay retos para la implementación de la reforma, como la asignación de recursos en estados y municipios, así como el cuidado de datos personales e inversión en la seguridad cibernética”.
Mientras que Ana Erika Santana, del PVEM, dijo que “es hora de adoptar un modelo que garantice rapidez y transparencia con accesibilidad para todos. La reforma establecerá criterios unificados para la simplificación administrativa evitando que los ciudadanos enfrenten obstáculos innecesarios”.
Del PRI, César Alejandro Domínguez, mencionó que “es importante simplificar y digitalizar trámites, así como facilitar a las y los ciudadanos los mismo, pero el gran reto es que la digitalización que se está planteando sea inclusiva y equitativa en el acceso a las tecnologías en zonas rurales, así como cuidar la protección de los datos personales”.
Laura Hernández García, de MC, comentó que “con la reforma se cierra la brecha entre la relación ciudadanía y gobierno, y abona a mejorar la percepción que se tiene del servicio público asegurando el ejercicio de derecho de todos los ciudadanos; es una reforma que tendrá repercusión directa en la vida cotidiana de todas las personas, así como el actuar de los gobiernos federal, estatal y municipal”.
Irma Yordana Garay Loredo, del PT, se manifestó por acabar con la corrupción e impunidad que han operado en los procesos administrativos (…) “es necesario avanzar hacia nuevos horizontes en donde la administración pública y la tecnología trabajen en sinergia para dar mejor atención y concluyan con una respuesta satisfactoria y eficiente”.
El proyecto de decreto fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos constitucionales.
