El impacto de la COVID-19 en la violencia sexual en los conflictos

La “violencia sexual relacionada con los conflictos” abarca cualquier acto de grave que tiene una vinculación directa o indirecta con un conflicto

La pandemia de COVID-19 afecta drásticamente la vida de las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como todos los aspectos del trabajo realizado por las oficinas de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y la de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, y las Naciones Unidas en su conjunto.

La violencia sexual relacionada con los conflictos es un tipo de crimen que, lamentablemente, se denuncia poco, y la pandemia lo pone aún más en la sombra.

El COVID-19 obstaculiza la posibilidad de que las víctimas denuncien la violencia sexual y exacerba aún más las barreras estructurales, institucionales y socioculturales existentes para denunciar tales delitos.

Ya en 2015, Human Rights Watch, alertaba que el Consejo de Seguridad de las ONU debería adoptar medidas para prevenir y abordar la violencia sexual en los conflictos armados, promoviendo una mayor participación femenina en acciones de consolidación de la paz.

Dado que la violencia sexual se utiliza como medio de represión, terror y control, por eso es imprescindible combatir la impunidad para disuadir y prevenir este tipo de delito. Es, además, un elemento central en materia de reparación de las víctimas.

En este sentido, el COVID-19 afecta de manera significativa y tiene un impacto perjudicial en todos los aspectos de la respuesta al estado de derecho, incluida rendición de cuentas en materia de protección de las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Esto conlleva limitaciones en la disponibilidad y capacidad para recibir y procesar informes sobre incidentes de violencia sexual por parte de las autoridades policiales y judiciales.

Los servicios que necesitan las víctimas dejan corren el riesgo de dejar de ser una prioridad en muchos entornos, incluidos los refugios, los servicios de atención médica, los servicios policiales y de justicia.

Esta pandemia afecta gravemente la prestación de servicios médicos, psicosociales y legales necesarios para apoyar a las vítimas. Algunos informes revelaron el cierre de refugios para supervivientes de violencia de género y se cancelaron clínicas móviles y servicios de asesoramiento y se desviaron recursos.

Otro obstáculo para acceder a los servicios es el miedo a la propagación del virus. Los proveedores de servicios de salud y los equipos de respuesta de emergencia suelen ser el primer punto de contacto para las víctimas.

Sin embargo, las mujeres, entre ellas las sobrevivientes de violencia sexual, pueden estar menos dispuestas a buscar ayuda, sobre todo en los servicios sanitarios porque temen poden contraer el COVID-19 y transmitirlo a sus familias.

Las restricciones por el confinamiento obligado en los hogares y otras medidas tomadas debido a la pandemia, inhiben el movimiento de personas lo que contribuye a un aumento de la violencia doméstica y de género.

Las mujeres y niñas que ya viven en situación de abuso están más expuestas a un mayor control y restricciones por parte de sus abusadores, con pocos o ningún recurso para buscar apoyo. 

Así, visibilizar la violencia sexual en conflictos armados es necesario y urgente, hay ponerla en el centro para el debate y no permitir que caiga en el olvido, aunque suceda en otros territorios y que, con poca frecuencia se exhiba en los medios de comunicación.

IPR

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