Los protestantes argumentan que el reciente acuerdo es igualmente “anticonstitucional” y que la minería supone un riesgo para el entorno natural.
Unidades antidisturbios emplearon gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes en las inmediaciones de la Presidencia, en la capital de Panamá. Los ciudadanos expresaban su descontento con el gobierno por la firma de un acuerdo con la gigante minera canadiense First Quantum Minerals.
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Los choques se registraron en Plaza de la Catedral, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando miles de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro de la sede de gobierno.
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La manifestación recorrió, a ratos bajo la lluvia, la estratégica Avenida Balboa hasta llegar al corazón del Casco Viejo, pero tras el lanzamiento de gases, dio marcha atrás, se agrupó de nuevo y se enrumbó hacia las zonas del centro financiero y exclusivos sectores residenciales del este de la ciudad.
“Abajo gobierno corrupto, arriba Panamá”, “No a la minería”, gritaron los manifestantes (obreros, maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos, religiosos), que hacían sonar cacerolas, música y ondeaban banderas nacionales blanco, azul y rojo.
El movimiento de protesta estalló el pasado el viernes luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara la ley que establece el contrato minero, aprobada pocas horas antes por el Congreso, y que permite a la compañía canadiense operar en Panamá la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Las protestas exigen la derogación de esa ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
En una multitudinaria marcha, la policía y los panameños se enfrentan en protesta contra el contrato con la compañía minera
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Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es “inconstitucional” y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente.
Por su parte, el gobierno lo defiende argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Además, la empresa y el gobierno señalan que la mina genera 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos, y aporta el 4 por ciento del PIB a la economía panameña.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre al año.
