La investigación sostiene que utilizó su trayectoria y contactos para ofrecer servicios al cártel.
Exagente de la DEA es señalado por colaborar con el CJNG en delitos de narcoterrorismo. Paul Campo, exalto mando de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, y su asociado Robert Sensi fueron acusados de participar en actividades ilícitas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado recientemente por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera. Ambos enfrentarán cargos por conspiración para lavado de dinero, adquisición de armamento y apoyo a operaciones relacionadas con narcoterrorismo.
La acusación, formulada por un gran jurado federal en Manhattan, describe un presunto operativo descubierto gracias a un informante confidencial manejado por agentes encubiertos. Este informante se hizo pasar por integrante del CJNG y sostuvo conversaciones con Campo y Sensi, quienes —según los documentos judiciales— aceptaron realizar varias acciones ilegales para el supuesto grupo criminal. Campo, de 61 años y residente de Virginia, laboró 25 años en la DEA, donde ocupó puestos desde agente en Nueva York hasta subjefe de operaciones financieras, antes de retirarse en 2016.
La investigación sostiene que utilizó su trayectoria y contactos para ofrecer servicios al cártel. Sensi, de 75 años, sin historial como agente federal, presuntamente participó junto a él en estas actividades.
Entre los cargos presentados figuran conspiración para narcoterrorismo, delitos relacionados con terrorismo, distribución de drogas y lavado de dinero. La acusación detalla que ambos acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas del CJNG y que convirtieron aproximadamente 750 mil dólares en efectivo a criptomonedas para facilitar el movimiento de recursos sin supervisión del sistema bancario.
El expediente también indica que Campo y Sensi colaboraron en el pago por 220 kilogramos de cocaína con un valor estimado de 5 millones de dólares en Estados Unidos, del cual recibirían una porción como beneficio económico. Asimismo, habrían explorado opciones para obtener armamento de grado militar para el cártel, como carabinas M4, rifles AR-15, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohete (RPG).
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La gravedad del caso se enmarca en la reciente clasificación del CJNG como grupo terrorista por el secretario de Estado Marco Rubio, decisión que incrementa de manera significativa las penas por colaborar con esa organización.
Autoridades federales recalcaron la dimensión institucional del caso. Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que los acusados “buscaron apoyar a uno de los cárteles más violentos y peligrosos del continente”, haciendo hincapié en que Campo “traicionó la confianza depositada en él durante sus 25 años de servicio”. Por su parte, Terrance Cole, administrador de la DEA, señaló que este episodio “deshonra a los agentes que arriesgan su vida todos los días y afecta la credibilidad de la agencia”.
Campo y Sensi deberán comparecer ante un tribunal federal en Manhattan. Hasta ahora no se han registrado abogados en su representación. Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas implicadas en este presunto esquema de narcoterrorismo, considerado uno de los casos más graves de corrupción interna dentro de la DEA en años recientes.
