La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transfirió al gobierno federal un total de 7 mil 507 millones 913 mil 710 pesos tras la desaparición de seis fideicomisos que administraba.
Estos fondos estaban destinados a cubrir prestaciones médicas, pensiones de trabajadores y mandos, así como recursos generados por la venta de publicaciones y otros proyectos.
En el informe final de su gestión, la ministra presidenta Norma Piña —quien estuvo al frente del máximo tribunal por dos años y ocho meses— detalló el proceso de liquidación de los fideicomisos con números 2125, 80687, 80688, 80689, 80690 y 80691.
Al 2 de abril de 2025, cinco de estos fideicomisos acumulaban 6 mil 654.2 millones de pesos, recursos que fueron entregados a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Los montos se distribuían así:
- Fideicomiso 80687 (Remanentes Presupuestales): 1,680 millones de pesos
- Fideicomiso 80688 (Prestaciones Médicas): 174.6 millones
- Fideicomiso 80689 (Ganancias por publicaciones y proyectos): 200.6 millones
- Fideicomiso 80690 (Pensiones a mandos medios y personal operativo): 3,594.2 millones
- Fideicomiso 80691 (Pensiones a mandos superiores): 1,004.8 millones
A esta cantidad se sumaron 853 millones 913 mil 710 pesos provenientes del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (fideicomiso 2125), administrado por Banobras, y cuyo traspaso se realizó en diciembre de 2024.
La eliminación de estos fondos había sido detenida por resoluciones judiciales que otorgaron suspensiones en juicios de amparo. No obstante, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), publicada el 15 de septiembre de 2024, se aplicó el principio de supremacía constitucional, lo que permitió reactivar el proceso de extinción.
Te podría interesar: Ahorro del Senado en limpieza se opaca con alza de dietas
El Comité de Gobierno y Administración de la SCJN confirmó el cierre formal del proceso el 24 de junio de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó el pasado 7 de febrero que el dinero recuperado se destinaría al fortalecimiento del ISSSTE. En enero había propuesto que dichos recursos también podrían usarse para incrementar el presupuesto del INE en relación con la organización de la elección judicial. En ese contexto, criticó a los ministros por aceptar amparos que, en su momento, impidieron que los recursos se transfirieran a la Tesofe.
Norma Piña, al presentar su informe de gestión, subrayó que su administración enfrentó uno de los momentos más complejos en la historia reciente de la Corte, marcado por una profunda reforma judicial. Afirmó que durante su periodo se defendió la independencia judicial y se garantizó el acceso a la justicia, pese a presiones institucionales y políticas.
El próximo martes se presentarán también los informes de la ministra Loretta Ortiz (Primera Sala) y del ministro Javier Laynez (Segunda Sala), en la última sesión pública del pleno en su actual composición.
