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Fepade plantea al Senado nuevas sanciones a delitos electorales

La Fepade le plantea al Senado de la República nuevas sanciones para los delitos electorales

Fue presentado por el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana,  ante el Senado de la República, un anteproyecto de reformas que establece nuevos tipos penales.

Entre estos se contemplan sanciones en violencia de género, delitos en intercampañas e intervención de comunicaciones privadas para obtener información. Se trata de reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se propone dotar de mayores facultades y herramientas de investigación a la Fepade en el marco del sistema penal acusatorio.

Además propuso que se autorice a la Fiscalía la intervención de comunicaciones privadas en la investigación de delitos electorales, crear juzgados y tribunales penales especializados en materia comicial, así como nuevos tipos penales en contra de la violencia política de género y conductas ilícitas de candidatos y abanderados independientes.

Díaz Santana dijo que se debe tipificar y sancionar a gestores y auxiliares de los aspirantes independientes; a las conductas al margen de la ley en las llamadas intercampañas, la falsificación, uso y posesión ilegal de credenciales para votar y uso de financiamiento ilícito con recursos del extranjero

Expuso que el sistema electoral mexicano tiene actualmente 200 tipos penales, cuando en promedio los países tienen entre 10 y 15 tipos penales en la materia. El anteproyecto de reforma que analizará el Senado plantea que los servidores públicos y dirigentes de partidos políticos que cometan fraudes electorales sean castigados con pena de cárcel.

Además, se establece la creación Tribunales Penales Especializados y dar herramientas a la Fepade para investigar los delitos en materia electoral; reconocer al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Electorales Locales con el carácter de ofendidos en la investigación y procesos judiciales por delitos comiciales.

Se añade que la reforma que plantea la institución sólo funcionará si tiene mayores capacidades para perseguir e investigar los delitos electorales federales en las 32 entidades del país.

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