También se solicitaron penas de 18 meses y hasta cuatro años de cárcel a otras 13 personas implicadas en el sistema de doble facturación
La Fiscalía de Francia solicitó este jueves sentenciar a un año de prisión, con seis meses de cumplimiento, al expresidente Nicolas Sarkozy, por el gasto excesivo de su campaña electoral de 2012. También se exigió una multa de 3 mil 750 euros.
Los dos fiscales que intervinieron en el Tribunal Correccional de París apuntaron en su alegato que el expresidente Sarkozy tuvo una “total desenvoltura” en la gestión de las finanzas de una campaña que fue “de oro macizo” y que costó casi el doble que el tope fijado por la ley.
En total, la campaña presidencial de Sarkozy costó unos 43 millones de euros. El límite autorizado a un candidato que superó la primera vuelta era de 22.5 millones de euros.
Según la acusación, el precio real de sus cerca de 40 actos en 2012 organizados por la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, fue reducido drásticamente, y el resto fue abonado por el partido UMP (rebautizado posteriormente como “Los Republicanos”) en concepto de convenciones ficticias.
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La fiscalía de Francia también solicitó penas de 18 meses y hasta cuatro años de cárcel a otras 13 personas presuntamente implicadas en el sistema de doble facturación.
Para Jérôme Lavrilleux, exdirector adjunto de la campaña y única persona de la campaña de Sarkozy en reconocer el fraude, los fiscales han solicitado tres años de prisión exentos de cumplimiento y 50 mil euros de multa.
Para los tres exdirectivos de la empresa Bygmalion que han admitido el uso de un sistema de facturas falsas, se ha pedido 18 meses de prisión exentos de cumplimiento.
Este es uno de los tres procedimientos judiciales a los que se enfrenta Nicolas Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012.
En marzo, se convirtió en el primer expresidente francés en ser condenado a un año de prisión tras ser juzgado en un proceso diferente, por corrupción y tráfico de influencias. La sentencia quedó en suspenso al ser apelada ante el Tribunal Supremo.
Además, está acusado de asociación delictuosa por el presunto financiamiento de su campaña presidencial de 2007 por parte del régimen libio de Muamar Gadafi.
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CAB
