La juzgadora de su caso otorgó un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto que reclama
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, promovió un amparo ante una orden de aprehensión en su contra.
En su demanda no precisa qué orden reclama, ya que cuenta con diversos mandamientos judiciales por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, y por su probable responsabilidad en el delito de omisión, por permitir el ingreso de armas a territorio mexicano, derivado del operativo Rápido y Furioso; ésta última girada el 9 de enero.
La demanda de garantías fue presentada el 27 de enero, pero Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, aún no admite a trámite la petición.
La juzgadora otorgó un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto que reclama, las autoridades a que atribuye la orden y la fecha de conocimiento y antecedentes de dicho acto.
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La defensa del ex funcionario ha presentado escritos en dos ocasiones para cumplir con lo ordenado por Ortega Tlapa, pero la jueza determinó que no se ha atendido la totalidad de los puntos que pidió desahogar.
En enero, el juzgado Noveno de Distrito en Sonora otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) siete órdenes de aprehensión contra involucrados en el operativo Rápido y Furioso.
Entre las órdenes libradas destacan los nombres de Genaro García Luna, el ex jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas.
El delito que se le imputa es porque supuestamente se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder, para ser entregadas a El Chapo Guzmán, las cuales fueron utilizadas y han seguido siendo usadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico.
De acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes de alto impacto, desde 2009.
Entre enero y febrero de 2021, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a 14 ex funcionarios federales, entre ellos, al ex presidente Felipe Calderón.
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CAB
