El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que de no ser por la medida líderes criminales y secuestradores estarían en libertad
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, defendió que se mantenga la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos graves, pues afirmó que eliminar la medida podría generar actos de corrupción y pondría en riesgo a jueces, víctimas y testigos, con lo que respaldó la postura de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre el tema.
En La Mañanera de Palacio Nacional, el funcionario utilizó los casos mostrados en la sección “Cero Impunidad” para destacar que líderes criminales como “La Vaca”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Colima, o incluso secuestradores, podrían estar libres si no fuera por esta figura jurídica.
“Si se está al arbitrio de que cada detención sea el juzgador el que resuelva puede dar lugar en múltiples caso de corrupción, mercadeo de abogados, jueces, incrementa peligrosidad para los jueces, para la víctima que se atreve a denunciar, para los testigos y sobre todo es una amenaza para la sociedad porque estos individuos seguirían en libertad”, dijo
Agregó que la prisión preventiva es importante para atender determinados delitos, además de que se aplica de manera automática y no queda al arbitrio de los juzgadores.
Ayer, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la prisión preventiva oficiosa al considerarla fundamental para evitar que los presuntos delincuentes se evadan de la justicia, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen a testigos en represalia por su detención.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador defendió la existencia de la prisión preventiva oficiosa y la consideró fundamental para los procesos penales de determinados delitos.
Además, el presidente señaló que, al eliminar esta figura, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan impunidad para los criminales.
Por instrucción del primer mandatario, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos, fijaron la postura oficial del Gobierno de México respecto al proyecto del ministro Luis María Aguilar que se discutirá en el pleno de la Suprema Corte.
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“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, señala el comunicado oficial suscrito por los funcionarios.
Al pedir que prevalezca la existencia de la prisión preventiva oficiosa, el Gobierno de López Obrador pide a los ministros resolver la cuestión tomando en consideración la seguridad pública del país, a las víctimas de delitos graves, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal para autoridades estatales y estatales.
Amparándose en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad, también se plantea que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
Asimismo, durante la conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador criticó que la Suprema Corte diera cabida a la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y los delitos graves que la ameritan, recordando que la misma institución declaró inconstitucional el candado para que exfuncionarios públicos no se puedan incorporar a la iniciativa privada durante 10 años.
“La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. (…) vamos a dar a conocer esto para que, si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos de qué se trata. No ocultar nada ”, criticó el primer mandatario.
Al ser cuestionado por el amplio número de personas en prisión sin sentencia debido a esta figura, algo que él mismo ha criticado en repetidas ocasiones, López Obrador solo respondió que se tienen que buscar otros mecanismos.
“Tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Además, hay delitos graves”
Por otro lado, también se le preguntó si eliminar la prisión preventiva oficiosa incrementaría el número de delincuentes en las calles, a lo que él consideró que no.
“De todas formas hay que estar pendientes por los procedimientos”, agregó.
Finalmente, López Obrador aprovechó para criticar que los integrantes del Poder Judicial prioricen el debido proceso sobre la impartición de justicia.
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CAB
