También, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de la eliminación de la corrupción y del costo que tiene para la ciudad
El Gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes que contará con un Laboratorio Anticorrupción con el que se podrán medir y diseñar políticas públicas para atacar la corrupción en diversas áreas y trámites.
De acuerdo con el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino permitirá medir la incidencia de la corrupción en la capital.
Se trata de un desarrollo único en el mundo que, además, intervendrá con experimentos en las oficinas de gobierno, realizará evaluaciones e implementará nuevas opciones de políticas públicas.
Este laboratorio contará con la participación del Colegio de México (Colmex), Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y también Poverty Action Lab (J-PAL); se encargará, entre otras cosas, de medir el mercado ilegal de emplacamiento de vehículos que existe para evadir el pago de tenencia en la Ciudad de México.
Al respecto, José Merino explicó que el fenómeno de evadir la tenencia no es nuevo, pues algunos automovilistas van a otros estados a emplacar sus unidades de lujo para evitar este pago en la ciudad. Incluso, también algunas agencias ofrecen gestorías para agilizar este trámite, situación que afecta financieramente a la ciudad, explicó.
También, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de la eliminación de la corrupción y del costo que tiene para la ciudad.
Por tanto, puso como ejemplo que, en el tema de la reconstrucción tras el sismo del 17 de septiembre de 2017, las demoliciones en la administración costaron cinco mil pesos por metro cuadrados, ahora cuestan 550 pesos, lo que tiene que ver con funcionarios honestos y que “no hay moches”.
Además del tema de la tenencia, se pretende evitar el desorden inmobiliario y contribuir a evitar la corrupción en los trámites asociados con la construcción de edificaciones en la ciudad.
También, trabajarán en valuar la corrupción en el otorgamiento de servicios a la ciudadanía, como la distribución de agua o recolección de basura; hacer una evaluación de las adquisiciones del gobierno para conocer los posibles riesgos de corrupción.
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