El instituto confirmó las medidas sólo a nueve de los 24 que el TEPJF le pidió justiciar n un principio
El Instituto Nacional Electoral (INE) rectificó las medidas cautelares contra 30 morenistas con las que les ordenó abstenerse de convocar, organizar o participar en eventos proselitistas como el de Coahuila, y terminó retirándoselas a la mitad.
Esto, luego de reconocer que no existían evidencias de que funcionarios como el presidente Andrés Manuel López Obrador o el canciller Marcelo Ebrard hubieran organizado o participado en el mitin.
Sin embargo, en esta misma sentencia, la Sala Superior ordenó al INE volver a analizar la tutela preventiva que emitió para 24 personas, al considerar que ni siquiera fueron denunciadas en la queja del PRD, por lo que debía justificar el por qué amplió la orden para éstas.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral presentó un nuevo proyecto en el que reconoció que propuso confirmar, “por congruencia”, con lo que ya establecido por el TEPJF las medidas cautelares en contra de nueve personas que confirmaron haber asistido y participado activamente en el evento: la secretaria general de Morena, la gobernadora de Baja California, los gobernadores de Tabasco y Michoacán, la gobernadora electa de Quintana Roo, el gobernador electo de Tamaulipas, el presidente de la Cámara de Diputados, una diputada federal, así como el diputado y representante de Morena ante el INE.
Para el resto de las personas, la comisión rectificó y declaró el retiro de medidas cautelares, tras reconocer que “no asistieron ni existe constancia de que hayan participado directamente en su organización o realización”.
En esta lista destacan el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó esta orden en su contra, el canciller Marcelo Ebrard, y quien se convierte en el único aspirante a la Presidencia sin medidas cautelares por presuntos ilícitos; y los aspirantes a la gubernatura del Estado de México, entre otros y otras funcionarias del gobierno federal y de los Ejecutivos locales. La consejera Claudia Zavala explicó que la comisión decidió ampliar la tutela preventiva a un mayo número de personas de las denunciadas, “porque advertimos una intención de unidad de un partido, pero sí con efectos hacia los procesos electorales”.
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Esta mañana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE acató la sentencia que emitió ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que confirmó que los eventos masivos de Morena en Coahuila y el Estado de México sí podrían afectar los procesos electorales del 2023 en esas entidades y la renovación presidencial en el 2024. También, reconocía la responsabilidad de ocho implicados: seis de las personas que aparecieron en la primera lista del INE, más el presidente nacional de Morena y el propio partido, que se sumaron posteriormente tras una impugnación del PRD.
Lo anterior, en cumplimiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó las medidas cautelares contra siete funcionarios, entre ellos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal.
A la tutela preventiva se suman los funcionarios que acudieron al mitin: Citlalli Hernández, secretaria general de Morena; las y los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como los gobernadores electos de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Quintana Roo, Mara Lezama.
Las medidas también fueron impuestas contra los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, Mario Llergo y Andrea Chávez.
La consejera presidenta de la Comisión, Adriana Favela, subrayó que esto es una llamada de atención para que los partidos políticos y los aspirantes a un cargo público tengan claros los límites en los que pueden actuar.
“La Sala Superior dice que efectivamente podrían existir alguna circunstancia que pudieran ser considerados actos anticipados de campaña, y entonces hay que poner por encima los principios que rigen los procesos electorales por cualquier otro derecho que pudiera tener una persona en particular”, manifestó.
El consejero Ciro Murayama insistió en que se pueden realizar reuniones políticas, pero que no deben convertirse en actos proselitistas adelantados en el ámbito local y federal.
“Hay quien se pregunta: ¿se van a atender las medidas cautelares? Yo parto de que es una obligación de todos los ciudadanos y sobre todo de quienes ocupan cargos de responsabilidad, atender las sentencias de la máxima autoridad jurisdiccional, porque esta sentencia es definitiva e inatacable”, enfatizó el consejero Murayama
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CAB
