La Secretaría de la Función Pública encontró más irregularidades en el gasto del NAICM

La Secretaría de la Función Pública encontró más irregularidades en el gasto del NAICM
La Secretaría de la Función Pública encontró más irregularidades en el gasto del NAICM

La secretaria de la Función Pública presentó un informe de las auditorías realizadas, las cuales contribuyen a que las políticas y programas logren sus objetivos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que durante 2019 encontró diversas irregularidades en el presupuesto asignado a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual fue cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo al primer informe de Fiscalización 2019, se realizaron 13 auditorías y 18 verificaciones de calidad en las que se determinó que el Grupo Aeroportuario de la CDMX debe aclarar el destino de 18 mil 665.9 millones de pesos.

Entre las observaciones que más destacan son el pago de anticipos por seis mil 211.2 millones de pesos y que están pendientes de amortizar, así como por gastos indirectos, la SFP solicitó aclarar el uso de tres mil 49 millones de pesos.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, aseguró que también detectaron anomalías en algunas obras carreteras realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Mencionó casos ejemplares de corrupción como el desvío del trazado de una carretera, en  Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz; y el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

Comentó que en dichos actos hubo contubernio entre los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y empresas del ramo.

Asimismo, aseguró que en su Programa Anual de Auditorías, la Función Pública no sólo fiscalizó el uso correcto del erario público, sino que, al privilegiar las auditorías al desempeño gubernamental, buscó también mejorar la gestión pública. 

Bajo este esquema, que alinea la fiscalización con una visión de la corrupción como un fenómeno estructural, la Función Pública realizó durante 2019 casi 3 mil 400 actos de fiscalización, de los cuales, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos. 

Sandoval Ballesteros subrayó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó.

Con base en los registros que realizan las dependencias y entidades en estos mecanismos de control, la Secretaría integra un inventario de las obras públicas y adquisiciones por ejercicio fiscal de aquellos contratos de obras y servicios que se ejecutan con recursos federales.

Hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la APF, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares. 

La secretaria Sandoval Ballesteros reiteró la convicción de la Función Pública de que una verdadera rendición de cuentas exige transparencia proactiva, es decir, identificar, generar, publicar y difundir información sobre el ejercicio de gobierno, sin la necesidad de que un ciudadano la exija.

Finalmente, ratificó su compromiso de investigar y sancionar los casos de corrupción para establecer ese régimen de rendición de cuentas mediante el cual los ciudadanos vigilan y evalúan nuestro trabajo como servidores públicos.

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