Especialistas señalaron que la hipótesis de que 43 cuerpos humanos hayan podido ser incinerados hasta su total desintegración, no es posible
El caso Ayotzinapa es una tragedia que tristemente se ha convertido en un compendio de números. A cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes, los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 continúan sin ser esclarecidos para muchos, aunque oficialmente ya exista una versión “realista” de lo que ocurrió.
A lo largo de más de 400 tomos, la Procuraduría General de la República ha creado un expediente que deja más preguntas que respuestas para los familiares, activistas y opinión pública.
De acuerdo con esta “verdad histórica” la noche del 26 de septiembre, cerca de 100 normalistas llegaron a la estación de autobuses de Iguala con la intención de “botear” y transportarse a la Ciudad México para la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco.
Evidencias de las cámaras de seguridad muestran cómo varios estudiantes abordan tres autobuses, uno de ellos se desvía rumbo a la central camionera donde se presume que el chofer busca dejarlos encerrados.
Los muchachos que se encontraban dentro de la central, llaman a los que estaban en los otros dos buses, en la Caseta de Iguala y el Crucero de Huitzuco, quienes cerca de las 9:10 de la noche vuelven con un grupo nutrido de normalistas y juntos someten a un conductor y abordan dos vehículos.
Según consta en videos de las cámaras, los autobuses salen del lugar seguidos por los buses de la empresa Estrella de Oro 1531, 1568 y el 3278 de Estrella Roja, con aproximadamente 70 jóvenes cuyo destino final era regresar a la escuela.
Apenas salieron de la estación, los policías llegaron y reportaron la situación por radioteléfono. Un grupo de civiles también llega al lugar y corre en la dirección que tomaron los estudiantes.
De acuerdo al informe, a pocas cuadras se da un primer ataque en el que sicarios del cartel “Guerreros Unidos” y miembros de la policía de Iguala iniciaron disparos entre sí.
Las primeras hipótesis dicen que en ese momento murieron cuatro normalistas, mientras que los otros lograron escapar. Los demás, 43, fueron desaparecidos.
Aunque al principio se manejaron varias hipótesis, una de las cuales señalaba que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, habría mandado asesinar a los normalistas, pensando que irían a sabotear una reunión que llevaba a cabo su esposa, María de los Ángeles Pineda, poco a poco fueron apareciendo más culpables.
La expareja presidencial de Iguala se encuentran presos por estos hechos, pero poco a poco las investigaciones se hicieron más complejas.
Las autoridades señalan que la policía municipal entregó los estudiantes al cartel “Guerreros Unidos”, pues se creía que entre ellos había infiltrados del grupo rival ‘Los Rojos’.
Los “Guerreros Unidos” llevaron a los normalistas al basurero del vecino municipio de Cocula donde los asesinaron con tiros de gracia y luego quemaron los cuerpos.
Si bien, en el lugar se encontró después una fosa común con más de 28 cadáveres, ninguno de ellos era de alguno de los estudiantes.
El 7 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó la hipótesis de que hubo un homicidio masivo en el basurero de Cocula, que podría corresponder al de los normalistas.
No obstante, y luego de cotejar las hipótesis y tras haber oído la declaración de algunos implicados, se dijo que, en realidad, los cuerpos no habrían sido incinerados, sino arrojados, en bolsas negras, a un río cercano.
Esa fue, por mucho tiempo, la ‘verdad histórica’ aceptada por todos: que los ‘Guerreros Unidos’ instigados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y con complicidad de la Policía, había secuestrado, asesinado en el basurero y luego tirado al río a los normalistas.
No obstante, existen muchos vacíos que hacen que el informe de la PGR sea rechazado por la opinión pública alimentada por las organizaciones internacionales quienes señalan que no existen pruebas científicas ni técnicas suficientes para sostener esa idea.
Uno de los hechos que hacen que los dictámenes elaborados por peritos de la PGR sean inconsistentes, es la forma en que se “calcinaron” los cuerpos.
Pruebas realizadas por un grupo de 23 especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Queensland, Australia, concluyeron, en un estudio presentado en junio de 2018, que la hipótesis de que 43 cuerpos humanos hayan podido ser incinerados hasta su total desintegración, en un lapso de 16 horas, y en un espacio húmedo a cielo abierto, usando como combustible solo ramas y llantas, y sin que el fuego hubiese sido constantemente alimentado, no es posible.
Los especialistas se plantearon el reto de determinar qué condiciones de combustión se requieren para obtener ese resultado, determinando que “la combustión al aire libre, donde todo el combustible se coloca horizontalmente (tal como afirma la PGR que ocurrieron los hechos), no es eficiente”, por lo que “grandes cantidades de combustible son necesarias para mantener el proceso de cremación”.
El estudio, además, demostró que las dificultades para mantener encendida una pira aumentan de forma proporcional al número de cuerpos a incinerar, lo cual contradice la versión oficial, según la cual, los cuerpos fueron encendidos sin dificultad y dejados al efecto del fuego hasta el día siguiente.
El estudio realizado por la Universidad de Queensland, no obstante, demostró que para incinerar un cuerpo a cielo abierto hasta su total desintegración, sin alimentar el fuego constantemente con combustible, se necesita una carga de madera que pese nueve veces más que el cuerpo a desintegrar.
Eso quiere decir que, para incinerar a los 43 normalistas en el basurero de Cocula, habrían sido necesarias al menos 25 toneladas de madera para prenderles fuego, algo que según la PGR, no ocurrió.
Por el contrario, según la versión oficial, los 43 cuerpos fueron incinerados sólo usando algunas ramas, y algunas llantas.
La hipótesis de la PGR, y del presidente Enrique Peña Nieto, ha tenido un costo muy alto a la imagen del Gobierno quienes son señalados por opacidad y por armar un expediente cuyas investigaciones reales no avancen y cuyos resultados son tan parciales que se han negado a abrirlos al escrutinio de especialistas internacionales.
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