Usuarios de los servicios de salud mental, activistas y académicas, rechazaron la Ley de Salud Mental que legalizaría internamientos involuntarios.
Dado que la Ley de Salud Mental fue calificada por organizaciones sociales como discriminatoria, ésta se canceló.
Colectivos de personas con discapacidad psicosocial consideraron que la iniciativa para impulsar una Ley General de Salud Mental —propuesta por el Partido del Trabajo— atenta contra los derechos humanos, puesto que permite el tratamiento forzado y contener expresiones como “deficientes” o “enfermos mentales”.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que de aprobarse la ley, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se desconocería.
Asimismo, valoró la visión del documento como «anacrónica y estigmatizante, al utilizar referentes conceptuales que no resultan compatibles con las nociones actuales sobre la salud mental».
En tanto, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, se dijo comprometida con las causas sociales. A su vez, anunció la postergación de su iniciativa mientras es enriquecida en consenso por defensores de los derechos humanos, especialistas, legisladores y la participación de la sociedad civil.
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