La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación debido a las facultades que da al Estado para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado miércoles la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
Ante ello, a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades venezolanas derogar la mencionada ley por considerar que puede conducir a una “grave afectación” del derecho a la libertad de expresión en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su “grave preocupación” debido a las sanciones penales “exorbitantes” que contempla, y las facultades que da al Estado para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales.
Recordó que antes de su aprobación, el presidente Nicolás Maduro declaró que el objetivo de la ley era contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida “por los sectores extremistas de la oposición”.
A través de un comunicado, la relatoría señaló que mediante “figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, el Estado podrá castigar expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en internet y revocar las licencias de los medios de comunicación”, agregó.
La legislación confiere también al gobierno la facultad de utilizar en forma gratuita los espacios de radio o televisión para imponer un mensaje oficial.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la recién aprobada “Ley contra el odio” en Venezuela y afirmó que “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión”.
Contenido relacionado
Gobierno de Venezuela señala a España como cómplice de la oposición
