Flores narró a medios que un día después de la muerte de Aranza Ramos, integrante del colectivo, le llamaron para amenazarla de muerte.
La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, anunció que el próximo lunes 11 de octubre iniciará una huelga de hambre afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de atención que recibe por parte de la institución.
En un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del colectivo, Flores hizo partícipe de su intención al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el post, señaló al titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, de no haberla recibido.
Además, dijo que actualmente se encuentra desplazada por las amenazas recibidas en el marco de su labor como presidenta del colectivo.
A finales de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora aseguró que Cecilia Patricia Flores sufrió “un intento de engaño telefónico”.
En un comunicado, la FGJE aseguró que el titular de la Dirección de Personas Desaparecidas contactó a la activista y ésta le proporcionó un número telefónico que corresponde a una línea de Ensenada, Baja California y está registrado como número de extorsiones y fraudes. También aclaró que no se interpuso una denuncia al respecto.
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Flores Armenta calificó como falsa la afirmación de la FGJE ya que las amenazas recibidas tanto por teléfono como por mensaje de WhatsApp han sido claras y en éstas se les pide que se dejen de realizar la labor de búsqueda.
“Eso que puso la Fiscalía es falso. En ningún momento recibí una llamada para extorsionarme, la llamada que yo recibí fue muy clara: que si no dejaba de buscar me iban a matar, que ya no buscara desaparecidos. En ningún momento me dijeron que me querían extorsionar o que yo diera dinero a alguien”, comentó en medios de comunicación
Flores narró a medios que un día después de la muerte de Aranza Ramos, integrante del colectivo, le llamaron para amenazarla de muerte.
Ceci acudió a Derechos Humanos y la trasladaron a otro estado. Hace una semana regresó a Sonora para revisar los avances de las investigaciones por las amenazas en su contra, pero no encontró resultados.
Debido a que en Sonora no vio avances ni disposición de resolver el asunto pronto, Ceci se movió a la Ciudad de México para acudir directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), pero no la han querido atender.
“Ahora estoy desplazada de mi ciudad, de mi estado, de donde busco a mi hijo, estoy sin buscar a mi hijo, no soy escuchada por las autoridades y estamos completamente abandonadas por las autoridades. Es muy lamentable lo que estamos viviendo, tener que vivir lejos de mis hijos, de mis nietos, de mi madre, de mi familia de la cual yo soy el sustento y tener que estar en un lugar donde no conozco a nadie, donde no tengo el apoyo de nadie, solamente de las víctimas que al igual que yo están desplazadas y no son escuchadas“, explica
Es por eso que el próximo lunes 11 de octubre, a las 9 de la mañana, CecilíaFlores y algunas integrantes del colectivo instalarán un plantón en las instalaciones de la FGR para ver si así las atienden.
“No necesitamos dinero del gobierno, no necesitamos un departamento, ni que nos mantengan. Lo que necesitamos es que nos escuchen, tendrían que ser ellos quienes hagan las investigaciones no nosotras, las madres, que arriesgamos nuestras vidas en los montes buscando a nuestros hijos ¿Por qué nos amenazan, quién gana qué si desaparece Madres Buscadoras de Sonora?”, afirmó
El hijo de Cecilía, Marco Antonio, desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, en Sonora. Ella comenzó a salir a buscarlo por sus propios medios al ver que las investigaciones correspondientes nomás no avanzaban y a la lucha se unieron más y más madres que también buscaban a sus hijos, así es como nace el colectivo.
Este colectivo está conformado por más de 800 familias con presencia en 22 municipios de Sonora y cuenta con integrantes en otros estados como Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla.
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CAB
