Se acusa al dirigente de operaciones con recursos de procedencia ilícita al desviar 100 millones de pesos, servidores públicos de Nuevo León también podrían estar involucrados
En Aguascalientes, el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, vinculó a proceso al dirigente del Partido del Trabajo (PT) en el estado, Héctor Quiroz García, por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el momento, las investigaciones al respecto han revelado que también podría haber responsabilidad de servidores públicos de Nuevo León, por lo que el Ministerio Público federal deberá investigar el porqué la administración de esa entidad depositó recursos a una cuenta particular a nombre de María Guadalupe Rodríguez, esposa Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.
Durante una audiencia el juez dio un plazo de seis meses para que tanto la defensa como el Ministerio Público federal puedan presentar más elementos de prueba, y autorizó que el imputado prosiga su proceso en libertad con medidas cautelares y el pago de una fianza de 600 mil pesos.
Héctor Quiroz García es acusado por el delito de recursos de procedencia ilícita por un monto de 100 millones de pesos, y señalado de formar parte de una red de lavado de dinero, integrada por cuatro personas, entre ellas María Guadalupe Rodríguez, su esposa, quien es considerada por el gobierno federal como la autora intelectual de las transacciones.
La acusación se basa en el depósito del dinero a una cuenta privada de Rodríguez que debieron ser destinados a 17 Centros de Desarrollo infantil (Cendis) del Frente Popular Tierra y Libertad, vinculados al PT, y que nunca fueron declarados.
Los millones entregados fueron trasferidos a un fondo de inversión y después depositados a diferentes cuentas bancarias entre el 2 febrero y el 13 de junio del presente año.
Las investigaciones de la PGR abarcan el periodo de 2010 y 2017, donde se detectaron 153 operaciones financieras para retirar más de 67 millones 883 mil 961 pesos en cuentas de la Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León. De ellos, 40 millones fueron sacados de un módulo del Senado.
Por ello, el juez de distrito manifestó que de los antecedentes de las pruebas hay indicios razonables para la vinculación del dirigente petista en Aguascalientes.
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