El expresidente participará en una misa en memoria de su esposa, Marisa Leticia, por lo que fuentes locales rumoran que podría entregarse tras participar en la ceremonia religiosa.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión acusado por corrupción pasiva y lavado de dinero, pasó su segunda noche atrincherado en la sede del sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo.
El juez federal Sergio Moro dio a Lula un plazo hasta las 20.00 GMT del viernes para presentarse ante la Policía Federal y enfrentar a la justicia por los delitos por los que se le acusan; sin embargo, el plazo fue incumplido por Lula y, en un pulso con la justicia, el exmandatario continúo refugiado en el sindicato, donde permanece desde la noche del jueves, acompañado por familiares, aliados políticos y militantes.
El expresidente participará hoy en una misa en memoria de su esposa, Marisa Leticia, que se oficiará en las inmediaciones del sindicato.
Según el diario Folha de Sao Paulo, Lula habría negociado entregarse a las autoridades tras participar en la ceremonia religiosa.
Fuentes del Partido de los Trabajadores (PT) consultadas admitieron que el expresidente estaría negociando su entrega con la Policía a través de intermediarios y habría exigido que su lugar de detención sea en Sao Paulo o en la misma Sao Bernardo do Campo, donde tiene además su residencia particular.
Mientras Lula define si se entrega o no ante las autoridades, sus abogados están librando una frenética batalla judicial en los tribunales para intentar frenar la prisión del principal líder de la izquierda brasileña, quien encabeza todas las encuestas de intención de voto ante las elecciones de octubre.
Lula fue condenado por el juez Moro en julio de 2017 a 9 años y 6 meses de prisión al dar por comprobado que obtuvo un apartamento en la playa a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de Petrobras, centro de un gigantesco escándalo.
La condena fue aumentada en enero pasado a 12 años y 1 meses por un tribunal de segunda instancia, que además determinó su ingreso en prisión una vez agotados los recursos en esa corte.
La defensa de Lula ha cuestionado el decreto de prisión, pues considera que el expresidente todavía tenía un recurso pendiente en el tribunal de segunda instancia que no fue considerado por dicha corte.
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