El expresidente de Brasil Lula da Silva es considerado como el más popular del país, pero esto no fue suficiente para que sea condenado a 9 años y medio de prisión, los delitos de los cuales se le acusan son corrupción pasiva, lavado de dinero y tráfico de influencias. Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por corrupción.
El juez Sergio Moro, que instruye el caso en la primera instancia, dio a conocer que Lula se benefició de 3,7 millones de reales, en sobornos de la constructora OAS. El expresidente, que en los últimos meses había dejado de ocultar su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, aún le queda recurrir al Tribunal Supremo brasileño. Esta es la primera de las cinco sentencias que tiene pendientes ante el juez Moro.
Los sobornos se hicieron a través de un apartamento de tres plantas en la costa de São Paulo que, dice en la sentencia, el expresidente del Partido de los Trabajadores recibió y reformó con dinero de la constructora. OAS también costeó el almacenaje de los bienes de Lula en una empresa llamada Granero na Grande. En total, costó 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares).
Para el recuerdo
El 4 de marzo de 2016, Lula da Silva fue arrestado y su casa allanada en la causa que investiga a Petrobras por corrupción desde hacia varios meses. Esto ocurrió en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, liderada por el juez Sergio Moro. Lula declaró, “me sentí un prisionero en mi país”. El caso de corrupción está relacionado con los sobornos a políticos y empresarios usando recursos de Petrobras. Según las investigaciones, Lula presuntamente habría recibido 8 millones de dólares entre pagos por conferencias, viajes y regalos.
La entonces Presidenta de Brasil Dilma Rousseff nombro al expresidente como Ministro de la Casa Civil el 16 de marzo de 2016, este cargo es el equivalente a Primer Ministro. Quienes investigaban en ese momento el caso de corrupción vieron como una estrategia este movimiento para evitar que Lula llegue a la cárcel, gracias a la inmunidad que ofrece la posición de ministro.
Un día después del nombramiento fue suspendido por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, señalando que tal nombramiento podría configurar crimen de responsabilidad de la presidenta Rousseff.
