El actual presidente es vinculado a la venta irregular de una minera a un conocido y cercano empresario a cambio de favores de explotación
Legisladores chilenos de oposición iniciaron este miércoles un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera ante las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas por los denominados Pandora Papers.
Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y sobreseída por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios reavivó la controversia en torno al mandatario, que estaba en su primer período de gobierno.
Entre los argumentos, los opositores sostienen que el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.
La medida aparece luego de que la Fiscalía decidiera abrir una nueva investigación sobre el caso tras determinar que los detalles de la operación no eran el motivo principal de la investigación anterior.
El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.
La controversia ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para los comicios de noviembre, donde luce como favorito el exlíder estudiantil y diputado Gabriel Boric, apoyado por una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista.
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La Acusación Constitucional contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en diputados, pero aún no se desconoce si lograría avanzar en el Senado. Los impulsores de la propuesta quieren que el proceso sea resuelto antes de las elecciones del 21 de noviembre.
Ahora la Cámara de Diputadas y Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso de Chile.
En caso de recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la situación de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.
Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado de Chile.
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CAB
