El grupo parlamentario del PRI impulsa su propia reforma eléctrica, a través de la cual busca que la energía eléctrica sea considerada como derecho humano
Senadores de oposición presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que la ministra Loretta Ortiz vote la acción de inconstitucionalidad sobre la Reforma Eléctrica.
Recordaron que Ortiz Ahlf se desempeñó como diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, en la LXII Legislatura; participó en la discusión y eventual aprobación de la reforma constitucional en materia energética de 2013 y de leyes reglamentarias, además de emitir su voto sobre la Ley de la Industria Eléctrica.
Lo anterior, señalan, podría interferir en la independencia, imparcialidad y objetividad de la Suprema Corte.
El impedimento versa sobre el juicio anticipado que ella (la ministra Loretta Ortiz) ya ha emitido respecto del sentido que a su juicio debe tener la Ley de la Industria Eléctrica, y más allá: la propia política energética en nuestro país”, dijeron en un comunicado.
Los legisladores aseguraron que la ministra Ortiz Ahlf tiene un interés personal en el asunto “toda vez que lleva muchos años manifestándose contra la política energética constitucional integral que hoy nos rige”.
Añadieron que existe un conflicto de interés al haber participado en la emisión de la norma general impugnada y se encuentra impedida para participar en la resolución de la acción de inconstitucionalidad por sus posicionamientos públicos.
Hay elementos suficientes para –al menos– poner en entredicho el actuar imparcial de la ministra frente al asunto, y la mera duda razonable de una actuación imparcial tratándose de nuestro máximo Tribunal Constitucional justifica la separación de esta del asunto en concreto, a efecto de proteger a las instituciones democráticas pilares de nuestro Estado de Derecho.”
Los senadores del PAN, PRI y PRD piden así que la acción de inconstitucionalidad sea returnada a una ponencia distinta en la que la ministra se abstenga de votar.
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PRI
El grupo parlamentario del PRI impulsa su propia reforma eléctrica, a través de la cual busca que la energía eléctrica sea considerada como derecho humano de los mexicanos.
La propuesta del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, mantiene prácticamente la iniciativa presidencial en sus términos, al establecer que la rectoría del sistema eléctrico queda a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la explotación del litio como facultad exclusiva del Estado.
“El sistema eléctrico mexicano se encuentra en un momento crucial. Los pendientes de la última reforma en la materia realizada en 2013, han generado desafíos para su estabilidad, al tiempo que la coyuntura social y política demanda cambios importantes en su integración”, señala la propuesta en su exposición de motivos.
El proyecto de reforma constitucional establece que “el Estado garantizará la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos y promoverá el abasto de la misma bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad”.
En el artículo 27 de la carta magna, se agrega que tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la Nación, no se otorgarán concesiones.
“Corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional consistente en generar, producir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para garantizar el derecho humano a la electricidad”, sostiene el texto que ya fue publicado en la gaceta parlamentaria.
También ordena al Estado liderar los procesos de transición energética y utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la nación.
“El Estado podrá otorgar concesiones o contratos con particulares siempre que se trátate de energías limpias, sostenibles que atientan al derecho de un medio ambiente sano y permitan garantizar el derecho humano a la energía”, señala la iniciativa.
También propone modificar el artículo 28 para establecer que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y demás minerales estratégicos; y generación de energía nuclear; el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En la iniciativa se advierte que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, “será responsable del Sistema Eléctrico Nacional, y liderará la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad”.
Además, se agrega que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica “será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.
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CAB
