Arrestado en 2012 en una investigación global contra pornografía infantil, alega que corre riesgo de sufrir una “reacción fatal” a COVID-19
Geoffrey Portway, un británico condenado a poco más de 26 años por conspirar para secuestrar, violar y comer niños, ha pedido ser liberado por el riesgo que corre de contagiarse con COVID-19.
Portway, recluido actualmente en una prisión federal de Virginia, EEUU, presentó el pasado 13 de noviembre una moción escrita a mano en la que alega que por su obesidad, diabetes, hipertensión y el estado de su sistema inmunológico, corre riesgo de sufrir una “reacción fatal” al virus.
Según argumenta, su presidio tiene más de 40 casos confirmados de COVID-19, entre presos y trabajadores. No obstante, los registros federales del 30 de noviembre hablan de cinco reclusos y seis casos activos en esa cárcel.
El hombre espera poder salir y ser repatriado, por lo que su petición fue enviada a la corte federal del condado de Worcester (Massachusetts), donde residía, y un juez decidirá posteriormente al respecto.
El británico fue arrestado en 2012 en el marco de una investigación internacional contra la pornografía infantil.
Durante un allanamiento a su casa en Worcester, la Policía descubrió en el sótano una “mazmorra” revestida con material de insonorización acústica que contenía un “ataúd casero del tamaño de un niño” y una jaula de acero.
También fueron encontrados “un congelador vertical, bisturís desechables, un juego de cuchillos de carnicería y herramientas de castración”, detallan los registros de la Fiscalía Federal.
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Aunque las autoridades aseguran que Portway nunca lastimó físicamente a un niño, sí discutía al respecto con un hombre de Kansas, con el cual intercambiaba fotos de potenciales víctimas.
También participaba en conversaciones sobre “secuestrar, violar, asesinar y comer niños” e intercambiaba pornografía infantil. Durante el registro de su casa, se encontró evidencia de más de 4,500 imágenes de abuso sexual infantil que compartía con otras personas.
Portway se declaró culpable en 2013 por intento de cometer un delito de violencia y distribución y posesión de pornografía infantil, pero después ha intentado varias veces, sin éxito, que se desestime su caso y que se anulen sus declaraciones de culpabilidad.
En su reciente moción afirma no representar “ningún peligro para la comunidad” debido a una rehabilitación posterior a su sentencia y sus esfuerzos “estructurados” por reintegrarse a la sociedad.
IPR
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