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Presidentes de México entre los archivos secretos de JFK

Los nombres de los ex presidentes de México, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, salieron a relucir dentro de los archivos secretos que se revelaron en el caso de John F. Kennedy

El 27 de noviembre de 1963, cinco días después del asesinato del Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, los ex presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz supieron presuntamente de las operaciones que la CIA y el FBI realizaban para rastrear los pasos de Lee Harvey Oswald, asesino de JFK, en México y pusieron a su disposición una red operada por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para espiar las embajadas soviética y cubana.

En un cable recientemente desclasificado por la administración Trump, Wiston Scott, jefe de la oficina de inteligencia estadounidense en México, afirma que pese al uso de la red “LIENVOY” en México, ésta no podía ser citada en los informes que la CIA y el FBI le presentaron al gobierno de Estados Unidos.

LIENVOY se trataba del criptograma usado para referirse a la red operado por la Dirección Federal de Seguridad Pública, en conjunto con la CIA, consagrada a vigilar conversaciones telefónicas de las embajadas cubanas y soviéticas.

El cable remata diciendo: “Solicite una versión traducida de sus declaraciones y obtenga permiso de LITENSOR y LITEMPO-DOS para el uso de estas declaraciones en el informe oficial, será publicado de manera fortuita”.

LITENSOR y LITEMPO-2 eran las claves encriptados para referirse al entonces presidente Adolfo López Mateos, así como a su entonces secretario de gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, como informantes y colaboradores de la CIA, de acuerdo con la Fundación Mary Ferrell dedicada a descifrar criptogramas de las agencias de inteligencia estadounidenses durante la Guerra Fría. Además, revela la ambigua actitud ante el triunfo socialista en Cuba.

Por una parte, el gobierno encabezado por Adolfo López Mateos, se negó a cerrar las relaciones diplomáticas con el régimen de Fidel Castro, y, por la otra, permitió que bases de la CIA mantuviera la vigilancia contra diplomáticos, jóvenes simpatizantes de la revolución, intelectuales, disidentes y en general el mundo socialista, como lo confirman decenas de documentos desclasificados por la administración Trump.​

 

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