“Nueva Zelanda no es un estado de vigilancia permanente. Pero hay preguntas que deben ser respondidas”, apuntó la primera ministra sobre lo ocurrido en Christchurch
La Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó el lunes una investigación judicial independiente para saber si se pudo haber evitado la matanza perpetrada el 15 de marzo en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, que dejó un saldo de 50 muertos.
La jefa del gobierno de Nueva Zelanda apuntó que una comisión real -el más poderoso mecanismo judicial ante la legislación del país- se tornaba necesaria para saber cómo un hombre armado pudo matar medio centenar de personas en un ataque que conmovió al mundo.
“Es importante que no quede piedra sin remover para entender cómo este acto terrorista ocurrió y cómo pudimos haberlo impedido”, dijo Ardern a la prensa, para añadir que la investigación podrá incluir a la policía y los servicios de inteligencia.
Las agencias de inteligencia en Nueva Zelanda han enfrentado pesadas críticas luego de la matanza, ya que parecieron haberse concentrado apenas en el extremismo islamista, sin percibir los riesgos que representan supremacistas de extrema derecha.
“Una pregunta que debe ser respondida es si podíamos o no haber sabido más” sobre el riesgo que representan los grupos supremacistas, expresó Ardern.
“Nueva Zelanda no es un estado de vigilancia permanente. Pero hay preguntas que deben ser respondidas”, apuntó.
Ardern descartó la posibilidad de que Nueva Zelanda restablezca la pena de muerte para el caso del extremista australiano Brenton Tarrant, de 28 años, quien fue arrestado apenas minutos después de la masacre en las dos mezquitas de Christchurch.
De acuerdo con Ardern, los detalles sobre la comisión aún están siendo definidos, pero que será amplia e informará rápidamente sobre sus conclusiones.
La idea inicial es que la investigación se concentre en las actividades de los servicios de inteligencia, la policía, guardia de frontera, inmigración y cualquier otra agencia oficial relevante.
Este lunes, Ardern volvió a insistir en que el video registrado durante el ataque a las dos mezquitas, gracias a una cámara que Tarrant portaba para transmitir en vivo, no debe ser compartido. El gobierno de Nueva Zelanda declaró ilegal ese video.
“Ese video no debe ser compartido. Su contenido es dañino”, dijo Ardern en referencia al gesto del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien divulgó fragmentos del controvertido video durante actos de campaña electoral.
El ministro neozelandés de Relaciones Exteriores, Winston Peters, viajó a Estambul para reunirse con Erdogan y participar de una reunión de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica.
De acuerdo con Peters, los integrantes de esa organización elogiaron el soporte que el gobierno de Nueva Zelanda ofreció a la pequeña pero activa comunidad musulmana a raíz de los ataques.
Varios de los representantes de esos países “estaban conmovidos y sollozaban ante la demostración [de soporte] de los no-musulmanes de Nueva Zelanda hacia las víctimas musulmanas”, dijo el canciller.
En tanto, el cuerpo de un joven estudiante indio que resultó asesinado en Christchurch retornó el lunes a su familia en Kochi, donde lo recordaban como un joven brillante.
El cuerpo de Ansi Alibava, de 25 años, es así el primero de por lo menos cinco indios muertos en ser enviado de retorno a su país.
Este lunes, Ardern anunció también que emprenderá la próxima semana una visita a China, aunque la agenda del viaje fue reducida a raíz de lo ocurrido en Christchurch.
La alta funcionaria anunció que viajará a Pekín el próximo domingo y que pasará el lunes en reuniones de alto nivel, incluyendo al presidente Xi Jinping, para retornar a Nueva Zelanda ya el martes.
“Originalmente, teníamos la intención de que sea una visita más larga, incluyendo una delegación comercial, pero ante las actuales circunstancias no parece apropiado que esté mucho tiempo fuera del país”, dijo.
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